La votación sobre la ley de amnistía de Uruguay, una oportunidad perdida de hacer justicia

Al no anular una controvertida ley que bloquea el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos, Uruguay ha perdido una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Los políticos uruguayos no consiguieron hoy llegar a un acuerdo para anular la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, un paso que Amnistía Internacional, los activistas uruguayos de derechos humanos y las familias de las víctimas han pedido reiteradamente.     “Habría supuesto un paso gigantesco para las víctimas de los atroces abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de Uruguay en las décadas de 1970 y 1980”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Uruguay tiene la obligación moral y legal de otorgar justicia a quienes sufrieron tortura y otros abusos, no de proteger a sus torturadores frente a la investigación y el procesamiento.”

Amnistía Internacional mantiene que, en la práctica, la Ley de Caducidad constituye una amnistía global que, durante muchos años, ha protegido a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos, y constituye también un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Uruguay en virtud del derecho internacional.

La ley fue propuesta por el gobierno elegido democráticamente de Julio María Sanguinetti y aprobada por el Congreso uruguayo en diciembre de 1986.

En virtud de esta ley, el presidente de Uruguay tenía la facultad final de decidir qué denuncias de abusos contra los derechos humanos podían investigarse.

La dictadura militar uruguaya duró de 1973 a 1985 y, en su momento culminante, se calcula que había recluidos 7.000 presos políticos, la gran mayoría de los cuales afirmaban haber sido torturados.

Las consultas populares realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de esta ley ha sido cuestionado por recientes resoluciones judiciales.

La Corte Suprema de Uruguay ha concluido en varias ocasiones que la Ley de Caducidad era inconstitucional porque violaba disposiciones de la Constitución, y también las obligaciones internacionales contraídas por Uruguay.

El 24 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay era responsable de la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de ocultar la identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman.

“A la población de Uruguay se le ha escurrido entre los dedos la oportunidad de pasar una página muy difícil mediante la eliminación de una norma que, en la práctica, y en contra del principio de igualdad ante la ley, pone por encima del sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Guadalupe Marengo.