Las autoridades jamaicanas deben poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluido el homicidio de 74 personas en Kingston durante el estado de excepción impuesto hace un año en una operación para detener a un presunto jefe de las bandas de narcotráfico, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
A pesar de haberse dado algunos pasos positivos, las autoridades no han procesado a nadie por los homicidios perpetrados durante la operación montada para detener a Christopher Coke, que al final fue deportado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.
“Debe crearse una comisión de investigación independiente para garantizar que todas las violaciones de derechos humanos perpetradas en Tivoli Gardens el año pasado no quedan impunes, como ha ocurrido con tantas otras en Jamaica”, ha dicho Chiara Liguori, experta en Jamaica de Amnistía Internacional.
El 24 de mayo de 2010, la policía y el ejército jamaicanos iniciaron una operación conjunta en la comunidad de Tivoli Gardens de West Kingston para detener a Christopher Coke y restablecer el orden en dicha comunidad.
Durante los dos días de la operación perdieron la vida al menos 74 personas, incluido un miembro de la Fuerza de Defensa de Jamaica, y resultaron heridas al menos 54, incluidos 28 miembros de las fuerzas de seguridad.
Durante los dos meses de estado de excepción posteriores, se detuvo a más de 4.000 personas, la mayoría sin cargos y algunas de ellas menores de edad. Aún no se tienen noticias de dos personas que, según los informes, fueron puestas bajo custodia.
Las investigaciones iniciadas por las autoridades sobre los homicidios aún no han determinado los hechos ni las responsabilidades. Según información conseguida por los expertos jurídicos de Amnistía Internacional, las deficiencias de la etapa inicial –no se protegieron los lugares donde se cometieron los homicidios ni se retiraron del servicio las armas de fuego empleadas durante los enfrentamientos para las pruebas balísticas– pueden haber comprometido los resultados.
Además, la organización documentó una falta general de recursos para las investigaciones, especialmente en la Unidad de Medicina Legal del Miniserio de Seguridad Nacional, que sólo cuenta con dos patólogos forenses.
“Que no se investiguen eficazmente los delitos de derechos humanos no es nada nuevo en Jamaica”, ha dicho Chiara Liguori, que ha añadido:“La realidad es que las comunidades de las zonas deprimidas del centro de las ciudades llevan demasiado tiempo atrapadas entre las bandas del narcotráfico y un Estado que las ignora.” Amnistía Internacional ha formulado más de 50 recomendaciones a las autoridades jamaicanas y apoya los llamamientos locales para que se cree una comisión en toda regla que investigue las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el estado de excepción. Pueden descargar el informe Jamaica: A long road to justice? – Human Rights violations under the state of emergency
Si desean más información o concertar una entrevista con la experta en Jamaica de Amnistía Internacional, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, [email protected] , móvil: +44 7778 472 116