Los aliados de Bahréin deben actuar con más firmeza para resolver la crisis de derechos humanos que empeora a pasos agigantados en el pequeño pero estratégico estado del Golfo, ha dicho hoy Amnistía Internacional al publicar un nuevo documento informativo sobre la constante represión de las protestas pacíficas.
En Bahrain: A Human Rights Crisis (Bahréin: Una crisis de derechos humanos), Amnistía Internacional pide a los gobiernos que están estrechamente vinculados al país que pongan fin a la represión contra quienes piden cambios.
“Los gobiernos de América del Norte y Europa, que tan abiertamente han apoyado en los últimos tiempos la causa de los derechos humanos en Libia, Túnez y Egipto, deben alzar también la voz para denunciar lo que está sucediendo en Bahréin”, ha dicho Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Para evitar que se les acuse de tener un doble rasero, deben presionar con mucha más fuerza a las autoridades de Bahréin para que respeten y defiendan sus obligaciones internacionales de derechos humanos.”
La organización ha declarado que el 16 de marzo el gobierno de Bahréin lanzó una represión claramente planificada y orquestada con uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas que pedían reformas y cambios políticos.
Las fuerzas de seguridad utilizaron escopetas, balas de goma, gas lacrimógeno y, en ocasiones, fuego real, a veces a muy corta distancia, y en circunstancias en las que era imposible justificar el uso de armamento tales como escopetas y otras armas de fuego.
Los delegados de Amnistía Internacional que visitaron Bahréin del 1 al 8 de abril solicitaron reunirse con altos mandos de las fuerzas de seguridad y el ejército responsables de hacer cumplir la ley, pero sus peticiones fueron denegadas, pues las autoridades afirmaron que la información sobre las órdenes dadas a la policía y a las fuerzas de seguridad se consideraba “secreto de Estado”.
La implacable represión del gobierno, su declaración del “estado de seguridad nacional” y el uso de esta circunstancia para arrestar y detener en régimen de incomunicación a manifestantes y activistas políticos ha exacerbado aún más las tensiones entre las comunidades suní y musulmana, según se afirma en el documento informativo.
Más de 500 personas han sido detenidas en el último mes, la inmensa mayoría musulmanes chiíes que participaron en las protestas. En casi todos los casos, semanas después de su detención seguía sin conocerse su paradero.
Según los informes, algunos detenidos han sido torturados o sufrido otros malos tratos tras su detención y se sabe que al menos cuatro han muerto bajo custodia en circunstancias sospechosas.
Entre los detenidos hay médicos y enfermeras, la mayoría del Centro Médico de Al Salmaniya, el principal hospital de Bahréin. Se desconoce el motivo exacto de su detención, pero parece haberse actuado contra ellos por su presunto apoyo a las protestas al prestar atención médica a los manifestantes, criticar al gobierno en los medios de comunicación y participar en las protestas.
Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que durante la represión de marzo las fuerzas de seguridad habían lanzado gas lacrimógeno contra el centro médico, donde al parecer también habían detenido y se habían llevado a algunos manifestantes, en ocasiones personas heridas que recibían atención médica.
Al parecer las fuerzas de seguridad rodearon el centro e impidieron que los manifestantes heridos pudieran recibir atención médica.
Otras fuentes, sin embargo, afirman que varios integrantes del personal médico se negaron a tratar a trabajadores asiáticos que habían resultado heridos. El gobierno, por su parte, sostiene que sus fuerzas tomaron el control del centro médico porque los manifestantes lo estaban utilizando como base.
Amnistía Internacional halló que, a pesar de la discrepancia de los informes, parece que tanto las fuerzas de seguridad como algunos opositores que participaban en las protestas vulneraron la neutralidad del Centro Médico de Al Salmaniya.
Cientos de personas que participaron en las protestas, incluidos profesores universitarios, maestros y médicos y enfermeros, han perdido su empleo en el servicio público, instituciones del Estado y empresas privadas. Muchos trabajadores no cobraron su sueldo en marzo.
La justificación de los despidos suele ser que los empleados incumplieron su contrato al protestar, pero en la práctica parece que el gobierno trata de indicar que quienes sigan protestando se enfrentarán a consecuencias negativas que pueden afectar a sus medios de vida.
“En el último mes se ha producido un drástico deterioro en la situación de los derechos humanos en Bahréin”, ha dicho Malcolm Smart.
“Los bahreiníes deben ver que su gobierno actúa de forma decidida y transparente para frenar esta tendencia involucionista y comenzar un proceso de reconstrucción de la confianza en sus instituciones.”
Bahrain: A Human Rights Crisis
Información complementaria
El informe se basa en los resultados de la investigación de una delegación de Amnistía Internacional compuesta por tres personas que visitaron Bahréin del 1 al 8 de abril de 2011, tras varias visitas previas al país en febrero y a finales de 2010, y en el seguimiento constante por parte de Amnistía Internacional de los acontecimientos en los periodos intermedios.