Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) a que aceleren las reformas del sistema de justicia, tras la condena de un alto mando del ejército por crímenes de lesa humanidad.El teniente coronel Kibibi Mutware fue condenado a 20 años de prisión por ordenar un ataque el 1 de enero contra el pueblo de Fizi, en la región oriental de la RDC, en el que fueron violadas más de 35 mujeres. “Esta condena es un paso en la dirección correcta —ha declarado Claire Morclette, adjunta de investigación y acción de la RDC para Amnistía Internacional—. Los crímenes de este tipo se han cometido con impunidad durante décadas y sus perpetradores nunca han respondido ante la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos del país obtienen justicia.” Según Amnistía Internacional, la jurisdicción para los crímenes del derecho internacional, incluidos los cometidos por miembros del ejército, debe ser trasladada a los tribunales civiles. Asimismo, hay que abordar las terribles condiciones de reclusión del país y controlar la corrupción endémica y las frecuentes fugas de las prisiones.
La voluntad de las víctimas y de sus familias de buscar justicia en la RDC suele ser socavada por el miedo a las represalias. Aunque un número significativo de víctimas de los ataques de Fizi acudieron a testificar, se han recibido informes de amenazas e intimidación contra ellas a manos de soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). “Si se desea que los juicios de Fizi tengan un impacto positivo en la lucha contra la impunidad, incluidas otras violaciones recientes similares cometidas por miembros de las FARDC, las autoridades deben implantar inmediatamente mecanismos de protección para los testigos y las víctimas”, añadió Claire Morclette. “Para lograr la justicia en la RDC, las autoridades deben aumentar de inmediato las inversiones en el sistema judicial encaminadas a realizar una reforma integral y a largo plazo.”
Notas para periodistas El 1 de enero de 2011, tras una reyerta en la que resultó muerto un soldado, un grupo de miembros de las FARDC lanzó un ataque de represalia contra la población de Fizi, en Kivu meridional. En el ataque del ejército fueron violadas al menos 35 mujeres, se saquearon viviendas y los habitantes de la localidad fueron víctimas de tratos inhumanos y degradantes. Muchos de los habitantes huyeron tras el ataque a los campos de la vecindad. Los sucesos captaron de inmediato la atención internacional. Los informes de supervivientes y testigos acusaban al teniente coronel Kibibi Mutware de organizar el ataque. En enero fueron detenidos 11 militares, entre ellos el teniente coronel Kibibi. El 10 de febrero de 2011 comenzó el juicio contra todos ellos en un tribunal militar de la ciudad de Baraka, cerca de Fizi. Los tribunales estaban financiados por organizaciones internacionales. El 21 de febrero, los jueces militares condenaron al teniente coronel Kibibi y a otros tres oficiales a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y a otros cinco oficiales a penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Otro oficial fue absuelto, y el tribunal no pudo juzgar al undécimo encausado, que se cree era menor de edad.