El gobierno de Pakistán debe exigir responsabilidades inmediatamente por el alarmante número de muertes y secuestros en Baluchistán atribuidos a fuerzas gubernamentales en los últimos meses, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha pedido también a los grupos armados baluchis que eviten los ataques dirigidos contra la población civil o que pongan a ésta en peligro, ante la escalada de ataques contra trabajadores gubernamentales y residentes no baluchis de la provincia.
En los últimos cuatro meses, al menos 90 activistas, enseñantes, periodistas y abogados baluchis han desaparecido o han sido asesinados, muchos de ellos en operaciones de “matar y tirar”, según los datos recogidos por Amnistía Internacional. Sus cadáveres cosidos a balazos, la mayoría de ellos con señales de tortura, han aparecido por toda Baluchistán.
“Desde octubre, cada mes aumenta el número de casos de presuntas desapariciones y homicidios ilegítimos —ha declarado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional—. Estas atrocidades se cometen con impunidad flagrante. Es absolutamente necesario que se abran unas investigaciones creíbles sobre estos incidentes para crear cierta confianza entre el pueblo baluchi y el gobierno de Pakistán.”
Los familiares de las víctimas y los grupos baluchis culpan de estos incidentes de “matar y tirar” a las fuerzas de seguridad paquistaníes, y concretamente al Cuerpo de Fronteras y a las agencias de inteligencia. Muchas de las víctimas fueron secuestradas por soldados uniformados del Cuerpo de Fronteras, que a menudo iban acompañados de hombres vestidos de civil, delante de numerosos testigos.
Las fuerzas de seguridad niegan las acusaciones y dicen que las muertes fueron resultado de la rivalidad entre grupos militantes baluchis.
“Aunque la crisis de derechos humanos de Baluchistán es ignorada en gran medida, incluso dentro de Pakistán, miles de personas no sólo sufren privaciones extremas, sino también discriminación, inseguridad y abusos contra los derechos humanos en una escala masiva —afirma Sam Zarifi—. Los abusos contra los derechos humanos atribuidos a los órganos de seguridad han creado un clima de temor entre las familias de los desaparecidos, que están aterrorizadas y no denuncian por miedo a que los agentes de seguridad maten a sus seres queridos o secuestren como represalia a otros miembros de la familia.”
Los grupos armados baluchis, por su parte, están implicados en una oleada de homicidios selectivos de civiles no baluchis y empleados gubernamentales, incluidos enseñantes de instituciones educativas del gobierno. Cientos de maestros han huido de la provincia como consecuencia de estos homicidios, lo que ha llevado al sistema educativo a una situación límite.
Los grupos armados baluchis han reivindicado la responsabilidad de una serie de ataques con bombas contra infraestructuras de gas que han causado una grave escasez de combustible para cocinar y para calefacción en toda la provincia durante el periodo más frío del año. También han aumentado los homicidios selectivos de carácter religioso, y la comunidad shií hazara de Baluchistán afirma que los extremistas talibanes y sunníes han asesinado a cientos de miembros de su comunidad desde 2004.
“Los grupos armados baluchis deben asimismo evitar poner en peligro a la población civil —ha manifestado Sam Zarifi—. Los ataques de grupos baluchis dirigidos aparentemente contra civiles, enseñantes y funcionarios del gobierno han obligado a muchos de ellos a huir de la provincia, lo que sólo empeora la situación para el pueblo baluchi, que ya recibe pocos servicios.”
En noviembre de 2009, el gobierno paquistaní intentó abordar las quejas que esgrimen desde hace tiempo los baluchis en relación con la privación de derechos económicos y políticos y los abusos contra los derechos humanos con un paquete de leyes denominado Aghaz Huqooq i Balochistan (“el Principio de los Derechos de Baluchistán). Sin embargo, según una información reciente publicada por el diario Dawn, hasta ahora sólo se ha implantado una cuarta parte de las medidas propuestas.
Amnistía Internacional pide al gobierno paquistaní:
Que investigue todos los presuntos abusos contra los derechos humanos, incluidas todas las “desapariciones” de las que tiene constancia la Comisión de Investigación para Personas en Paradero Desconocido; Que lleve ante la justicia a todos los autores de abusos, pertenezcan a las fuerzas de seguridad o a grupos armados no estatales; yQue garantice que todas las personas que comparezcan ante la justicia reciben un juicio justo y no son sometidas a torturas ni a otros abusos bajo custodia.“Los aliados extranjeros de Pakistán deben garantizar que la ayuda militar no está ligada a abusos contra los derechos humanos en Baluchistán —ha afirmado Sam Zarifi—. Amnistía Internacional pide a Estados Unidos y a China, como aliados internacionales más significativos de Pakistán, que garanticen que su apoyo a las fuerzas de seguridad en Baluchistán no ayuda a quienes cometen abusos contra los derechos humanos.”
Información complementaria Baluchistán cuenta con un largo historial de disturbios civiles y armados desde la creación de Pakistán en 1947, en los que grupos étnicos baluchis propugnan una mayor autonomía dentro del Estado o la separación total.
Baluchistán alberga la mayor fuente de reservas nacionales de energía de Pakistán, pero los grupos baluchis alegan que estos recursos benefician desproporcionadamente a otras provincias y comunidades étnicas.
El pueblo baluchi sigue siendo una de las comunidades más pobres de Pakistán, y sus índices de analfabetismo, desempleo y esperanza de vida se cuentan entre los más bajos del país.
Nota para periodistas
Pueden consultar aquí un desglose de víctimas de presuntas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos en Baluchistán (en inglés).