Amnistía Internacional ha instado al gobierno indonesio a que reitere su compromiso con la protección del derecho a la libertad de religión, en medio de las peticiones de grupos radicales de que se proscriba a una comunidad religiosa minoritaria.
El 18 de febrero se manifestaron en la capital, Yakarta, varios centenares de miembros del Frente de Defensores del Islam y de otros grupos para pedir al presidente Susilo Bambang Yudhoyono la disolución del grupo ahmadí. Hay una segunda protesta frente al Palacio Presidencial prevista para el 1 de marzo de 2011.
“El gobierno indonesio debe declarar, clara y públicamente, que protegerá los derechos de todos los ciudadanos indonesios, con independencia de su religión, y que eso incluye los derechos de la comunidad ahmadí”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El presidente debe denunciar las declaraciones públicas que incitan a la violencia contra los ahmadíes y adoptar medidas para garantizar que todas las minorías religiosas están protegidas y pueden practicar su fe sin temor, intimidación ni persecución.”
El 6 de febrero de 2011, tres ahmadíes murieron de forma violenta en la isla de Java, cuando más de 1.000 personas armadas de piedras, machetes, espadas y lanzas irrumpieron en el domicilio de un dirigente ahmadí en el subdistrito de Cikeusik, provincia de Banten.
El sitio web del Frente de Defensores del Islam publicó el 18 de febrero una entrevista con el presidente de la organización, Habib Rizieq Syihab, en la que según informes éste dijo: “[…] si hoy sólo han sido asesinados tres infieles ahmadíes, posiblemente mañana o al día siguiente los musulmanes masacrarán a miles de infieles ahmadíes.”
Los ahmadíes son un grupo religioso que se considera parte del islam. Pese a ello, muchos grupos de la corriente mayoritaria musulmana afirman que no observan el sistema de creencias aceptado.
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de intimidación y violencia contra la comunidad ahmadí a manos de grupos islamistas violentos en diversas partes de Indonesia.
“Acogemos con satisfacción los esfuerzos para investigar los actos de violencia que desembocaron en la muerte de tres ahmadíes en Cikeusik, pero es esencial que el gobierno indonesio demuestre que investigará y abordará con seriedad todos los ataques contra minorías religiosas”, añadió Sam Zarifi.
Amnistía Internacional ha pedido también la revocación de las leyes y normativas que restringen el derecho a la libertad de religión y que han alimentado el hostigamiento y los ataques contra la comunidad ahmadí.
En 2008 se dictó un decreto ministerial conjunto que prohibió a los ahmadíes promover sus actividades.
Más recientemente, el 20 de febrero de 2011, se dictó una normativa local en el distrito de Pandeglang, donde se produjeron los ataques, que prohibía las actividades ahmadíes.
El derecho a la libertad de religión en Indonesia está garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Indonesia es Estado parte, así como en la Constitución del país.