Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades de Túnez que supriman la autorización de disparar en el acto tras la oleada de protestas que llevó a la salida del país del presidente Zin el Abidín ben Alí y la imposición del estado de emergencia.
Según informa el equipo de investigación de Amnistía Internacional en Túnez, los medios de comunicación han advertido de que quedan prohibidas las reuniones de más de tres personas y que toda persona que incumpla el toque de queda se arriesga a ser abatida a tiros. Según informó el equipo, tras el anuncio comenzaron a oírse disparos.
“Es una irresponsabilidad dar autorización para disparar en el acto”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, que ha añadido: “El orden público no se restaurará disparando a los manifestantes. Es preciso que termine esta sangrienta represión”.
Con esta autorización parece que las fuerzas de seguridad tunecinas tienen el beneplácito oficial para cometer ejecuciones extrajudiciales, violando con ello el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida y prohíbe arrebatar la vida arbitrariamente.
“Las autoridades de Túnez tienen la responsabilidad de mantener la ley y el orden y proteger los derechos y la seguridad de su población”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.”Sin embargo, los derechos humanos deben respetarse y defenderse incluso en situaciones de emergencia. Cualquier actuación de las autoridades, incluido el recurso a los poderes de excepción, debe ajustarse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos”.
“Semejante autorización concedida al ejército y a las fuerzas de seguridad en una situación muy delicada podría ser una fórmula para que aumenten la violencia y los homicidios”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. “Tanto la policía como el ejército deben saber que no pueden esconderse detrás de una orden para disparar a los manifestantes, y que se les exigirán responsabilidades por sus actos”.
Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Túnez no puede bajo ninguna circunstancia suspender los derechos básicos, en particular el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y otros malos tratos y los principios fundamentales de garantías procesales y el derecho a no ser sometido a detención arbitraria. Hay otros derechos que pueden quedar suspendidos “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”, pero sólo “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación” y siempre que no sean incompatibles con las demás obligaciones internacionales del país, y que el gobierno informe inmediatamente al secretario general de la ONU sobre los derechos que han sido suspendidos y del motivo de la suspensión.
“Tras más de dos décadas de implacable represión, las autoridades de Túnez deben comprender que ha llegado el momento de rendir cuentas”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. “La autorización de disparar en el acto debe suprimirse, y debe darse prioridad a la reforma del aparato de seguridad para que Túnez siga adelante”.