Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que se haya declarado culpables a dos defensores de los derechos humanos surcoreanos por protestar pacíficamente en favor de las familias cuyos seres queridos perdieron la vida cuando se manifestaban contra un desalojo forzoso.
Park Rae-gun y Lee Jong-hoe fueron condenados por el papel que desempeñaron ambos en una campaña dirigida a reclamar justicia y reparación para los familiares de las víctimas mortales de un incendio declarado en enero de 2009 en el distrito de Yongsan, en el centro de Seúl, cuando protestaban por su desalojo de viviendas y comercios. A Park le fue impuesta una condena condicional de cuatro años y a Lee una condena condicional de tres años por organizar una manifestación que no contaba con autorización policial. “Han condenado a Park y Lee exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Sus condenas deben ser anuladas” manifestó Catherine Baber, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. Park y Lee se habían sumado a otros activistas de derechos humanos para organizar protestas en demanda de una reparación para las familias de quienes murieron en lo que ya se conocía como “el incendio de Yongsan”. El 19 de enero de 2009, manifestantes que se oponían a los desalojos se atrincheraron en una torre de vigilancia que habían levantado en el tejado de un edificio marcado para su demolición. Se pertrecharon de disolvente de pintura y otros productos inflamables para disuadir a la policía en caso de ataque. A primera hora de la mañana siguiente, varios comandos de policía asaltaron la torre de vigilancia. Cuando la policía irrumpió en el tejado para detener a los manifestantes, se declaró un incendio que se cobró la vida de cinco manifestantes y un agente de policía. Park, Lee y los demás activistas exigieron una disculpa oficial, indemnizaciones adecuadas y una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos que habían causado las muertes. Habían notificado debidamente la convocatoria de las protestas a la policía, pero ésta había denegado el permiso en cinco ocasiones aduciendo que podían desembocar en violencia. Como las protestas se celebraron a pesar de no contar con el permiso policial, Park y Lee fueron acusados de “organizar una protesta ilegal” y de “bloquear el tráfico”, a pesar de que las obstrucciones del tráfico ocasionadas por las manifestaciones no duraron mucho, en algunos casos sólo media hora. “La amplia capacidad discrecional de la policía para emitir decretos de prohibición significa que en la práctica sólo pueden llevarse a cabo protestas con su permiso –señaló Catherine Baber–. Y la policía utiliza esa capacidad para silenciar las voces disidentes.” Las órdenes de detención contra Park y Lee se dictaron en marzo de 2009 y enero de 2010, respectivamente. En 2009, Park escribió al Tribunal Central de Distrito de Seúl para manifestar que no se entregaría a las autoridades hasta que el gobierno hubiera cumplido la exigencia de los familiares de una disculpa oficial y una indemnización. El 30 de diciembre de 2009, el primer ministro ofreció una disculpa y se concedieron indemnizaciones a los familiares de las víctimas mortales. Park y Lee se entregaron a la policía el 11 de enero de 2010. En marzo de 2010, el Tribunal Constitucional surcoreano señaló que las interrupciones del tráfico inevitablemente causadas por las reuniones y protestas pacíficas no debían castigarse como “bloqueo del tráfico” según el Código Penal. “El gobierno surcoreano debe garantizar la protección del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica tanto en la legislación como en la práctica” manifestó Catherine Baber.