Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Turkmenistán que levanten de inmediato la suspensión de las actividades que pesa sobre el mayor proveedor de servicios de telefonía móvil del país hasta que pueda disponerse lo necesario para prestar un servicio alternativo que permita el acceso a sitios de noticias independientes.
Esta semana, las autoridades han suspendido las actividades del proveedor privado y radicado en Moscú Mobile TeleSystems (MTS), con lo que alrededor de 2,5 millones de personas, la mitad de la población y el 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil del país, se han quedo de repente sin servicio y no pueden utilizar sus teléfonos móviles ni acceder a Internet.
“Con su arbitraria decisión, las autoridades de Turkmenistán están restringiendo gravemente la comunicación dentro del país y con el resto del mundo”, ha manifestado John Dalhuisen, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Esta medida afecta ilegítimamente a la correspondencia y viola el derecho de muchas personas a recibir y difundir información, lo que constituye una infracción de las normas internacionales de derechos humanos.”
Millares de personas de partes remotas del país no tienen teléfono fijo ni acceso a Internet en sus casas. Muchas de ellas dependen de teléfonos móviles.
Es posible que haya gente aislada, que no pueda pedir ayuda en caso de emergencia. Durante los últimos días, Amnistía Internacional ha intentado en vano comunicarse con sus contactos en Turkmenistán.
Mientras tanto, a los usuarios de MTS no les ha quedado más remedio que pagar los servicios de Altyn Asyr, el proveedor público, que bloquea el acceso a los sitios de noticias independientes y a las web de los grupos de oposición.
El presidente Gurbanguly Berdymukhamedov llegó al poder en Turkmenistán en 2007, con la promesa de hacer valer los derechos humanos. Tres años después persiste la represión de toda forma de disidencia pacífica.
En septiembre de este año el presidente pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que combatiera a quienes “difaman nuestro Estado laico, democrático y basado en la ley e intentan destruir la unidad y la solidaridad de nuestra sociedad”.
“Existe un grave riesgo de que las autoridades se sirvan de los proveedores públicos de servicios para controlar las conversaciones e impedir a particulares comunicarse por teléfono móvil”, ha advertido John Dalhuisen.
“En un país donde se atenta constantemente contra el derecho a la libertad de expresión, la suspensión de un servicio que permitía algún contacto con el resto del mundo no augura nada bueno.”