El gobierno malaisio debe poner fin inmediatamente a la práctica de la pena judicial de azotamiento con vara, la cual somete a miles de personas cada año a tortura y malos tratos sistemáticos, dejándolas con secuelas físicas y psicológicas permanentes, declaró hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. El informe, titulado A Blow to Humanity, ofrece una mirada en profundidad a la práctica de la pena judicial de azotamiento con vara en Malaisia, la cual deja a las víctimas, incluidas muchas personas solicitantes de asilo extranjeras, con poco recursos, apoyo o esperanza. Muchas de ellas no comprenden los cargos que se les imputan ni la suerte que les aguarda. “El azotamiento en Malaisia ha alcanzado proporciones epidémicas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “En todos los casos que hemos examinado, la pena constituía tortura, absolutamente prohibida en toda circunstancia.” Durante los últimos años, Malaisia ha aumentado a más de 60 el número de delitos sujetos a la pena de azotamiento con vara. Desde 2002, cuando el Parlamento decretó que las violaciones a las leyes de inmigración, como la entrada ilegal, fueran castigadas con esa pena, decenas de miles de personas refugiadas y trabajadores y trabajadoras migrantes han sido azotados. En las prisiones malaisias, funcionarios especialmente entrenados en el azotamiento arremeten contra el cuerpo de las víctimas con una vara de un metro de longitud que agitan con ambas manos a gran velocidad. La vara desgarra la piel desnuda de las víctimas, deshace el tejido graso y deja cicatrices que alcanzan la fibra muscular. El dolor es tan intenso que muchas veces las víctimas se desmayan. El gobierno malaisio no castiga a los funcionarios por estas acciones. Más bien, los entrena en la práctica del azotamiento y les paga una cantidad extra por cada azote. Muchos duplican sus ingresos gracias a su trabajo infligiendo azotes. Otros reciben sobornos para fallar a propósito, ahorrándoles el sufrimiento a las víctimas. El personal médico empleado por el Estado desempeña también un papel integral en la práctica de azotamiento. Examina a las víctimas y certifica si son aptas para ser azotadas Cuando las víctimas se desmayan durante el azotamiento, las reanima para que el castigo pueda continuar. Después del azotamiento, algunas víctimas sufren discapacidades físicas por largo tiempo. “El papel que el personal médico malaisio desempeña en coadyuvar al dolor y daño deliberados a través del azotamiento es absolutamente contrario a la ética médica internacional”, ha declarado Sam Zarifi. “En lugar de tratar a las víctimas, ayuda en su tortura y maltrato.” Los altos cargos y funcionarios estatales de Malaisia que son cómplices de actos de tortura están sujetos a enjuiciamiento en todo el mundo de acuerdo con la jurisdicción universal para delitos graves de derechos humanos como éstos, declaró Amnistía Internacional. La flagelación judicial fue impuesta originalmente bajo el dominio colonial británico en el siglo XIX. De acuerdo con el derecho internacional, todo castigo corporal judicial constituye tortura u otros malos tratos, los cuales están prohibidos bajo cualquier circunstancia. Los refugiados que huyeron de la tortura y el trabajo forzosos en Myanmar narraron a Amnistía Internacional cómo en Malaisia (país que no reconoce a los refugiados) fueron azotados por violar las leyes de inmigración, algunas veces reiteradamente. En Indonesia, Amnistía Internacional se reunió con trabajadores migrantes deportados en lancha desde Malaisia; 63 de esos hombres habían sido azotados. “Los países vecinos contribuyen significativamente a la economía de Malaisia enviando decenas de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes”, declaró Sam Zarifi. “Indonesia y otros países emisores de migrantes deberían insistir en que Malaisia deje de azotar a sus ciudadanos.” Amnistía Internacional pidió al gobierno malaisio que:
promulgue inmediatamente una moratoria de la pena de azotamiento en todos los casos, con el propósito de su abolición; ratifique la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; reforme la legislación de manera que las violaciones a las leyes de inmigración se consideren delitos administrativos y no delitos que deban sancionarse con prisión o castigo corporal.Nota para los periodistas: Habrá disponibles portavoces de Amnistía Internacional e información sobre casos. En Kuala Lumpur, Lance Lattig (inglés, francés, español, portugués), en el número +60 12 294 3731. En Londres, Thomas Yocum, en el número +44 (0) 207 413 5871.