Kirguistán debe proporcionar verdad y justicia a las víctimas de la violencia

Las autoridades kirguises no están proporcionando justicia a las miles de personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante los cuatro días de violentos enfrentamientos étnicos que conmocionaron el sur de Kirguistán en junio de 2010, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

En el informe, titulado Partial Truth and Selective Justice, se analizan los esfuerzos para establecer la verdad sobre lo sucedido durante esos cuatro días, de incendios provocados, saqueos y violentos ataques en gran escala, entre ellos asesinatos y agresiones sexuales, que se extendieron por todo el sur de país y que afectaron a zonas de población mayoritariamente uzbeka. Cientos de personas murieron y cientos de miles se vieron obligadas a huir de sus casas.

El informe también examina los esfuerzos para que se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos perpetradas por todas las partes involucradas en los actos de violencia.

“La evidente parcialidad étnica de quienes llevan a cabo la investigación y la incapacidad del sistema de justicia penal para investigar y procesar las violaciones de derechos humanos de forma imparcial y justa sirven únicamente para incrementar la sensación de impunidad entre los responsables y de injusticia entre las víctimas”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central.

“A menos que esta pauta se revierta rápidamente, se perderá la oportunidad de garantizar que prevalezca la justicia”.

Los esfuerzos para restaurar el orden en las regiones afectadas por la violencia y para investigar los crímenes cometidos durante los enfrentamientos han sido socavados por la evidente parcialidad étnica y las constantes violaciones de derechos humanos.

Son generalizados los informes sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y juicios injustos.

Las operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad tras los días de violencia, aparentemente para incautarse de armas y detener a personas sospechosas, fueron efectuadas haciendo uso excesivo de la fuerza, según se informa. Cientos de hombres, la mayoría de ellos uzbekos, fueron detenidos de forma arbitraria y presuntamente golpeados durante las redadas y una vez bajo arresto.

A fecha del 10 de noviembre de 2010, las cifras oficiales revelaban que se había detenido a 271 personas en relación con los actos violentos de junio. La inmensa mayoría de quienes fueron llevados a juicio por su implicación en estos hechos también eran de etnia uzbeca.

Muchos de estos juicios están llenos de irregularidades: se hostiga a los abogados en el exterior de las salas de juicio y algunos jueces se niegan a llamar a los testigos de la defensa o a admitir que las “confesiones” puedan haber sido obtenidas bajo tortura.

Son frecuentes las amenazas de violencia e insultos de grupos de hombres y mujeres kirguises contra abogados y defensores y defensoras de derechos humanos por defender los derechos de detenidos y víctimas uzbekos y sus familias.La ausencia de una investigación independiente e imparcial sobre los actos de violencia da pábulo a versiones contrapuestas de los hechos.

“Se necesita urgentemente un informe objetivo de lo ocurrido para rectificar las tergiversaciones y mitos creados alrededor de los violentos acontecimientos de junio”, ha señalado Nicola Duckworth.

“Hasta la fecha, sin embargo, se vienen desarrollando sin control relatos contradictorios y étnicamente parciales sobre las causas, responsables y víctimas. Quedan todavía por aclararse apremiantes cuestiones sobre la participación o no de las fuerzas de seguridad en los actos de violencia y si las agresiones contra civiles constituyen o no crímenes de lesa humanidad”.

En julio de 2010 se estableció una Comisión Nacional de Investigación, que aún tiene pendiente la publicación de un informe sobre los actos de violencia. La falta de un mandato y unos términos de referencia claros, la dimisión de varios de sus más notables miembros independientes, y su evidente fracaso en llevar a cabo investigaciones en profundidad han supuesto un constante desgaste para a la Comisión.

Amnistía Internacional escuchó el insistente argumento de que la ausencia de una investigación independiente, a fondo e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el estallido de violencia étnica en el sur del país en 1990, así como la falta de rendición de cuentas de quienes cometieron los crímenes, habían sembrado la semilla de nuevos actos de violencia.

“Veinte años después, las autoridades de Kirguistán corren el riesgo de repetir y profundizar sus errores. Los primeros indicios indican que las pesquisas de carácter nacional y la investigación criminal pueden ofrecer, en el mejor de los casos, solamente verdades parciales y justicia selectiva”, ha afirmado Nicola Duckworth.

“Hoy, en medio del presente clima de miedo, desconfianza, rumores, polarización étnica y permanente inestabilidad política, sólo una investigación internacional puede ofrecer la esperanza de que se realicen indagaciones exhaustivas, imparciales y creíbles. Es fundamental que se esa investigación se lleve a cabo”.