Las autoridades croatas deben acelerar el procesamiento de presuntos autores de crímenes de guerra y hacer de ello su máxima prioridad, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El informe Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in Croatia muestra la incapacidad del sistema de justicia del país para hacer justicia con muchas de las víctimas de la guerra de 1991-1995, en un contexto de continuos retrasos, amenazas a testigos e incumplimiento de las normas internacionales.
Las estadísticas actuales del gobierno reflejan que cada año se llevan a término una media de 18 casos de crímenes de guerra. Con casi 700 casos pendientes de enjuiciamiento, puede que la mayor parte de los responsables nunca tengan que enfrentarse a un juicio.
“La gente tiene que saber la verdad sobre los hechos del pasado reciente que han destrozado la vida de muchas personas. Las víctimas y sus familias necesitan que se haga justicia. Es responsabilidad de las autoridades croatas proporcionar ambas cosas”, ha expuesto Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central.
“Las autoridades cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. No obstante, a pesar del compromiso que en numerosas ocasiones han manifestado las autoridades para hacer frente a la impunidad de los crímenes de guerra, y a pesar de los avances logrados en algunos aspectos, la justicia tarda en llegar, y cuando lo hace, es muy selectiva.”
Algunos conceptos esenciales como responsabilidad de mando, crímenes de guerra de violencia sexual y crímenes contra la humanidad tampoco aparecen definidos en el derecho nacional en consonancia con las normas internacionales. Como consecuencia, muchos de los crímenes quedan impunes.
La inmensa mayoría de los juicios por crímenes de guerra en Croacia se celebran ante tribunales locales, en los que raras veces participan exclusivamente jueces de lo penal. Además, los jueces carecen con demasiada frecuencia de experiencia suficiente en derecho penal internacional y otras normas internacionales pertinentes.
Los testigos en juicios por crímenes de guerra siguen enfrentándose a amenazas e intimidaciones. Los tribunales locales carecen de los medios básicos de apoyo y protección de testigos.
Los procesamientos de crímenes de guerra llevados a cabo entre 2005 y 2009, en los que se centra este informe, han estado dirigidos de forma desproporcionada contra serbocroatas, quienes fueron los imputados en casi el 76 por ciento de los casos.
Asimismo, a pesar de la existencia de información pública, incluidas pruebas de procedimientos judiciales públicos en Croacia, las acusaciones contra algunos altos cargos militares y funcionarios políticos no se han investigado.
Las acusaciones se exponen con más detalle en el informe, pero algunos ejemplos incluyen a Vladimir Šeks, presidente adjunto del Parlamento de Croacia, acusado de estar implicado en los crímenes cometidos en Osijek en 1991.El general Davor Domazet-Lošo, que fue identificado en una sentencia judicial como la persona realmente al mando de la operación militar de 1993 en Medak Pocket, y Tomislav Merèep, viceministro de Interior durante la guerra y, según se informa, bajo investigación por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, también han eludido hasta el momento las investigaciones rigurosas, independientes e imparciales por acusaciones similares.
Mientras que algunos acusados de crímenes de guerra siguen disfrutando de apoyo estatal, a muchas víctimas de crímenes de guerra se les niega el acceso a reparaciones.
“Los crímenes de guerra no entienden de etnias. Afectan a las personas independientemente de su origen, y los responsables tienen que ser procesados independientemente de su etnia o su posición social”, ha afirmado Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional pide a las autoridades croatas que ajusten la legislación del país a las normas internacionales; desarrollen una estrategia nacional para enjuiciar los casos de crímenes de guerra, y lleven ante los tribunales a todos los presuntos responsables, incluidos altos cargos, de haber cometido crímenes durante la guerra de 1991-1995.
“Muchas de las deficiencias del sistema de justicia croata se deben, en gran medida, a la falta de voluntad política para afrontar el legado de la guerra”, ha informado Nicola Duckworth.
“Croacia tiene que hacer frente a su pasado para evolucionar. La impunidad de los crímenes de guerra representa un obstáculo para su admisión a la Unión Europea. Si logran eliminarlo, las autoridades estarán demostrando que el país avanza, sin lugar a dudas, por un camino que acorta distancias en el reparto de justicia. Las víctimas no esperan ni merecen menos.”
Información generalEn junio de 1991, Croacia se declaró independiente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, tras lo cual se produjo un conflicto armado entre el Ejército Croata y las fuerzas armadas serbocroatas, ayudadas por el Ejército Popular Yugoslavo, que finalizó en 1995. Durante el conflicto que se produjo desde 1991 hasta 1995 ambos bandos cometieron graves y masivas violaciones de derechos humanos, como homicidios arbitrarios, torturas (incluidas violaciones), desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y expulsiones forzadas; cientos de miles de personas se convirtieron en desplazados internos o solicitaron refugio en el extranjero.Desde las primeras fases del conflicto, Amnistía Internacional ha hecho campaña contra la impunidad por los crímenes de guerra cometidos en Croacia y en otros lugares durante las guerras que se produjeron con la desintegración de Yugoslavia.Comentario a los editores: Una delegación de Amnistía Internacional se encuentra en Zagreb para presentar el informe y abordar sus recomendaciones en varios encuentros con las autoridades croatas, incluido el Presidente Ivo Josipovic.
Para concertar una entrevista con la delegación de Amnistía Internacional, pónganse en contacto con:Lydia Aroyo, encargada de prensa de Europa y Asia Central, en el número de móvil de Reino Unido:(+44) (0) 7771 796 350; correo electrónico: [email protected] Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o escribiendo a [email protected].