La política, recién anunciada por el gobierno australiano, de transferir a la custodia de fuerzas afganas y estadounidenses a los prisioneros detenidos en Afganistán, podría violar el derecho internacional, según ha advertido Amnistía Internacional hoy.
El 14 de diciembre de 2010, el ministro australiano de Defensa, Stephen Smith, anunció un acuerdo sobre la gestión de detenidos, según el cual los prisioneros considerados de “alto riesgo” serán entregados a Estados Unidos, los de “bajo riesgo” serán entregados a fuerzas afganas, y los restantes serán liberados.
“La entrega de detenidos a las fuerzas estadounidenses y afganas suscita una preocupación real sobre los posibles abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Estados Unidos sigue recluyendo a prisioneros sin darles acceso a procesos judiciales justos. Y la Dirección Nacional de Seguridad afgana, que gestiona algunos de los centros de detención, está relacionada demasiado a menudo con inquietantes denuncias de tortura y malos tratos”.
El anuncio de Smith sobre el nuevo marco formaliza los acuerdos que han tenido lugar entre los tres países desde la retirada prevista de las fuerzas neerlandesas de la provincia de Uruzgan el 1 de agosto de 2010. Hasta ese momento, las tropas neerlandesas se habían encargado de los detenidos capturados por la Fuerza de Defensa australiana.
“Se trata de un retroceso en cuanto al trato de los detenidos en Afganistán”, ha manifestado Sam Zarifi. “Varios miembros destacados de la OTAN, entre ellos las fuerzas neerlandesas, han establecido salvaguardias para garantizar que los detenidos no serán entregados a Estados Unidos, y han reconocido los problemas reales relacionados con la Dirección Nacional de Seguridad. Con este acuerdo, Australia parece no querer aprender de las duras lecciones del pasado reciente.”
Según el Ministerio de Defensa australiano, Australia ha capturado en Afganistán desde el 1 de agosto a más de 300 detenidos, que se encuentran recluidos en un centro temporal de Tarin Kowt, en Uruzgan. La mayoría quedaron posteriormente en libertad, pero 64 fueron entregados a fuerzas estadounidenses o afganas, la mayoría de ellos a fuerzas afganas.
Al entregar a detenidos a la Dirección Nacional de Seguridad, donde corren peligro de tortura u otros malos tratos, Australia podría estar violando su obligación internacional de proteger a las personas frente a tales tratos. El derecho internacional prohíbe terminantemente a los Estados entregar a detenidos a situaciones en las que puedan correr este peligro.
Smith ha declarado que el gobierno australiano se ha basado en garantías de los gobiernos afgano y estadounidense respecto al trato adecuado a los detenidos, y también en “arreglos formales” que incluyen, según afirmó, la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y visitas sobre el terreno de autoridades australianas.
“Las garantías diplomáticas que, según Australia, respaldan este acuerdo deben considerarse con suma cautela, dado el pésimo historial de los gobiernos estadounidense y afgano respecto al trato a los detenidos”, ha manifestado Sam Zarifi. “Necesitamos respuestas mucho más claras sobre la naturaleza del ‘marco de gestión de detenidos’ anunciado por el gobierno australiano.”
En junio de este año, un tribunal superior británico impuso estrictas restricciones a la entrega, por parte de fuerzas británicas, de detenidos a centros afganos, especialmente los gestionados por la Dirección Nacional de Seguridad. El tribunal había recibido testimonios de que los detenidos habían sido sometidos a una diversidad de abusos, tales como palizas, electrocución, posturas forzadas en tensión y privación del sueño.