Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades filipinas que garanticen justicia oportuna por la matanza de Maguindanao, y que eliminen los ejércitos privados que siguen actuando un año después de los homicidios.
El 23 de noviembre de 2009, al menos 57 personas fueron secuestradas y brutalmente asesinadas, y sus cadáveres fueron arrojados a una fosa común en una colina sobre la localidad de Ampatuan, en el sur de la provincia filipina de Maguindanao. Entre los fallecidos había 32 periodistas.
“La manera en que el gobierno filipino maneje este caso demostrará hasta qué punto el presidente Aquino se toma en serio su deber de contener a los ejércitos privados y poner freno a las violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El gobierno debe demostrar que Filipinas cuenta con la capacidad y la voluntad necesarias para hacer frente, de forma justa pero resuelta, a una matanza que constituye el mayor ataque jamás perpetrado contra periodistas en ningún lugar del mundo.”
Los fallecidos viajaban en un convoy para asistir a la presentación de la documentación de la candidatura de un político local, cuando fueron interceptados por un grupo de un centenar de hombres armados. El motivo de la emboscada fue la larga lucha política entre miembros del grupo y del clan local de Ampatuan.
Desde entonces se han presentado cargos contra miembros destacados del poderoso clan local de Ampatuan en relación con los homicidios, pero los juicios se han caracterizado por las demoras, y no se ha concluido ningún procesamiento.
El ex gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan Sr., y sus hijos, Andal Ampatuan Jr. y Zaldy Ampatuan, están siendo procesados por los homicidios. De las casi 200 personas más implicadas en los homicidios, nuevas fuentes informan de que 82 han sido detenidas, y otras 114, entre ellas miembros de milicias privadas, miembros del clan y agentes de policía y soldados del gobierno, permanecen en libertad.
Los juicios de Maguindanao se han caracterizado por las demoras y las disputas judiciales. Este mismo mes, la secretaria de Justicia, Leila de Lima, dijo que iba a acelerar los procedimientos, pero admitió que los juicios podían durar seis años más.
Un año después de la matanza, otros ejércitos privados siguen actuando en Filipinas en virtud de la Orden Ejecutiva 546, firmada y puesta en vigor por la ex presidenta Gloria Arroyo en 2006. Dicha orden autoriza de hecho los ejércitos privados al permitir que la Policía Nacional filipina utilice milicias y Organizaciones Civiles Voluntarias como “multiplicadores de fuerza”.
Muchos miembros del ejército privado del gobernador Andal Ampatuan forman parte de Organizaciones Civiles Voluntarias, establecidas y armadas por el gobierno. El sistema de autorización de grupos armados que luego se utilizan como ejércitos privados permanece intacto.
“Si el presidente Aquino pretende seriamente poner fin a la violencia asociada con los ejércitos privados, debe revocar la Orden Ejecutiva 546 de inmediato”, ha manifestado Sam Zarifi. “El hecho de que los ejércitos privados sigan actuando un año después de la matanza de Maguindanao constituye una afrenta para las víctimas y una invitación a nuevos desastres.”
Nota a periodistas
Hay portavoces de Amnistía Internacional disponibles para realizar comentarios.
En Manila, pónganse en contacto con Hazel Galang (inglés y tagalo) en: +63 919 817 8330
En Londres, pónganse en contacto con Sam Zarifi en: +44 (0)7904 397 935.