Las autoridades de Yemen, acusadas de complicidad en una ejecución extrajudicial tribal

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades yemeníes a poner en marcha de inmediato una investigación independiente sobre la ejecución extrajudicial de un hombre acusado de asesinar a un jefe tribal (sheij). ‘Ali ‘Abdullah Muhsin al-Rajhi había sido acusado de asesinar al jefe tribal pero, en lugar de ser detenido y puesto a disposición judicial por las autoridades, fue entregado a los familiares de la víctima y ejecutado sumariamente. Según informes, murió el 18 de julio de 2010 por disparos efectuados por un familiar del jefe asesinado, en presencia de una multitud congregada en el exterior de una mezquita en el pueblo de Al Haifa, al sureste de la capital, Saná. Por la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades –incluida la policía– eran conscientes de lo que estaba pasando pero no hicieron nada para intervenir ni tomaron medida alguna contra los agresores. “Fue un auténtico linchamiento, al parecer llevado a cabo en virtud de un acuerdo entre los familiares del jefe tribal y su presunto asesino y con la complicidad de la policía y las autoridades locales” afirmó Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “No debe permitirse que quede sin castigo. Las autoridades yemeníes deben garantizar que los autores de este homicidio ilegítimo comparecen sin demora ante la justicia.”Según informes, ‘Ali ‘Abdullah Muhsin al-Rajhi no fue entregado a las autoridades porque su familia y la del jefe tribal asesinado decidieron que el proceso llevaría demasiado tiempo y les resultaría muy costoso. En su lugar, le hicieron sentarse de cara al muro de la mezquita de Al Haifa y a continuación un miembro de la familia del jefe asesinado le disparó por la espalda desde corta distancia.El homicidio tuvo lugar, según informes, en presencia de una multitud de residentes locales. ‘Ali ‘Abdullah Muhsin al-Rajhi recibió tres disparos en la espalda y varios más en el pecho. Luego su familia retiró el cadáver y le dio sepultura.“Las personas acusadas de un delito deben recibir un trato acorde con la legislación y sus derechos humanos deben ser respetados, sean cuales sean los actos que se les imputan” afirmó Malcolm Smart.“Deben ser detenidas, acusadas y juzgadas con las debidas garantías por las autoridades judiciales de Yemen y, si son declaradas culpables, deben tener derecho a un recurso efectivo y no ser condenadas a muerte en ningún caso.”Tras el asesinato del jefe tribal, ‘Ali ‘Abdullah Muhsin al-Rajhi al parecer buscó refugio en la región vecina de Hawlan, cuyos jefes tribales lo entregaron a su familia y a los jefes tribales de su pueblo.Entonces comenzaron las negociaciones entre su familia y la del jefe tribal, que están emparentadas, sobre la posibilidad de perdón y reconciliación; al parecer, los familiares del jefe asesinado exigieron que fuera ejecutado inmediatamente. “Este caso es más alarmante si cabe por la presunta complicidad de la policía y otras autoridades locales –señaló Malcolm Smart–. Su papel también debe ser investigado y también a ellos se les debe exigir que rindan cuentas si se establece que consintieron y en la práctica aprobaron este delito.”