Bangladesh: Uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad de Bangladesh hicieron uso excesivo de la fuerza al irrumpir en la casa de un destacado político de la oposición el 27 de junio, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Según testimonios ofrecidos a la organización, el Batallón de Acción Rápida de Bangladesh agredió a varias personas reunidas pacíficamente en casa de Mirza Abbas, destacado político del Partido Nacionalista de Bangladesh y ex alcalde de Dacca.

Víctimas de la agresión han contado que se golpeó repetidamente y sin provocación alguna a activistas y a familiares de Mirza Abbas, se les negó atención médica tras su detención y se les pidió que firmaran hojas en blanco si querían quedar en libertad, lo que Amnistía Internacional sospecha que tenía por objeto preparar confesiones falsas.

Amnistía Internacional ha fotografiado lesiones causadas a las víctimas por los golpes. En la operación resultaron heridas más de 20 personas, incluidas la esposa de Mirza Abbas, Afroza Abbas, y la madre del político, de 85 años.

Las personas agredidas eran seguidores del Partido Nacionalista de Bangladesh que se habían reunido en casa de Mirza Abbas tras haber sido detenido éste y acusado de participar en actos violentos durante una huelga general convocada por el Partido.

“El gobierno debe investigar de inmediato las circunstancias de esta operación violenta y garantizar que toda persona que sufriera lesiones a manos de las fuerzas de seguridad recibe justicia y la debida indemnización”, ha manifestado desde Dacca Abbas Faiz, especialista de Amnistía en Bangladesh.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que ordenen a las fuerzas de seguridad cumplir con su obligación de actuar con moderación y no hacer uso de fuerza excesiva en los enfrentamientos que vienen produciéndose en manifestaciones convocadas en el país.

Al menos 80 personas han resultado heridas en los dos últimos días al enfrentarse la policía a obreros textiles en huelga y a manifestantes que protestan por la detención de tres destacados líderes del partido de oposición Jamaat-e-Islami.

El principal grupo político de oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh, convocó una huelga general el 27 de junio, que se desarrolló en general sin incidentes, aunque provocó enfrentamientos entre la policía y manifestantes en algunas partes del país, incluida Dacca.

Se ha detenido a centenares de personas por su presunta participación en los actos violentos, entre ellas Mirza Abbas.

“No hay pruebas de que las personas reunidas en casa de Mirza Abbas estuvieran infringiendo la ley o amenazaran de alguna manera a alguien, por lo que la actuación violenta del Batallón de Acción Rápida parece totalmente injustificada –ha explicado Abbas Faiz–. Dado el historial de uso excesivo de la fuerza, e incluso de medios letales, del Batallón, este incidente exige una respuesta inmediata y enérgica de las autoridades.”

El Batallón de Acción Rápida afirma que sus fuerzas entraron en el despacho de Mirza Abbas, situado en la planta baja, porque les habían lanzado trozos de ladrillo desde allí.

Sin embargo, imágenes de vídeo tomadas por periodistas y examinadas por Amnistía Internacional no muestran ninguna señal de que se atacara a los agentes del Batallón de Acción Rápida desde el despacho o desde las inmediaciones de la casa, sino que lo que se ve en ellas es a personal del Batallón agrediendo a las personas que había en la casa.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que estaba recogiendo agua en el patio cuando el personal del Batallón de Acción Rápida irrumpió allí y la detuvo: “Me golpearon con una porra en la espalda, la parte posterior de los muslos, los brazos y los hombros. Me desplomé, pero siguieron golpeándome”.

Dijo que cuatro o cinco hombres la golpearon hasta que perdió el conocimiento y que no fue al hospital por temor a que la detuvieran allí.

Otra mujer ha dicho que la esposaron delante de la casa, la ataron luego con una cuerda y la llevaron a rastras al patio, donde la golpearon.

Estuvo bajo custodia policial durante ocho horas, le negaron atención médica y la dejaron en libertad con la condición de que su esposo firmara una hoja en blanco, que temía que se utilizara para preparar pruebas falsas.

Una mujer que corrió a ocultarse en el cuarto de baño ha contado a Amnistía Internacional que los agentes del Batallón de Acción Rápida la encontraron, forzaron la puerta del cuarto, la sacaron a rastras de allí y comenzaron a golpearla. “No hacía más que preguntarles que por qué me golpeaban, pero no pararon ni me respondieron”.

Un oficial del Batallón de Acción Rápida con el que ha hablado Amnistía Internacional ha dicho: “Quizá debiera haberse actuado con más moderación. Si hubo excesos, se investigarán”.

Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso hasta ahora del las peticiones formuladas por políticos del Partido Nacionalista y por al menos un miembro del Parlamento por el partido gobernante, la Liga Awami, para que se investiguen los excesos de la actuación del Batallón de Acción Rápida.

“El gobierno de Bangladesh debe dejar de elogiar a las fuerzas de seguridad por cometer violaciones de derechos humanos y, en vez de ello, hacerles rendir cuentas ante el Estado de derecho”, ha señalado Abbas Faiz.

Amnistía Internacional ha pedido también que la investigación de todo acto delictivo cometido por manifestantes durante la huelga general se haga por medio del sistema de justicia penal, no dejando su castigo en manos de las fuerzas de seguridad sin el debido proceso legal

Información complementaria El actual partido gobernante, la Liga Awami, y el grupo político de oposición Partido Nacionalista de Bangladesh se vienen alternando en el gobierno desde principios de la década de 1990. Cuando han estado en el poder, han permitido a las fuerzas de seguridad irrumpir en concentraciones de la oposición, golpear a manifestantes, detener a miembros de la oposición, presentar cargos por motivos políticos contra políticos de oposición y cometer actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con impunidad. Aunque se ha procesado a algunos agentes de policía por violaciones de derechos humanos, nunca se llevado a juicio a miembros del Batallón de Acción Rápida por presunto uso excesivo de la fuerza o tortura.