Amnistía Internacional pide que siete ciudadanos nigerianos, condenados por un tribunal de Guinea Ecuatorial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, vuelvan a ser juzgados con garantías.
El 5 de abril, un tribunal de la capital, Malabo, condenó a cada uno de los siete nigerianos, seis hombres y una mujer, a 12 años de cárcel por intento de asesinato del presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, durante un presunto asalto al palacio presidencial perpetrado el año pasado.
Según informes, los acusados se declararon “inocentes” y afirmaron ser pescadores y comerciantes que habían extraviado el rumbo de navegación y habían sido arrastrados por el mar a aguas de Guinea Ecuatorial, cuya marina los había detenido. La mujer murió posteriormente bajo custodia.
“Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben tomar medidas para asegurarse de que estos hombres son juzgados con garantías”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
“A los acusados se les negó el acceso a una representación letrada adecuada y no se investigaron sus denuncias de tortura bajo custodia ni la muerte de la mujer, también ciudadana nigeriana.”
Amnistía Internacional pide también que sean puestos en libertad dos miembros de Unión Popular (UP) –el partido de oposición de Guinea Ecuatorial– que siguen encarcelados seis semanas después de haber sido absueltos de todos los cargos en relación con el asalto al palacio presidencial.
Según informan los medios de comunicación, el asalto al palacio presidencial de Malabo fue realizado por hombres armados a bordo de lanchas motoras a primeras horas del 17 de febrero de 2009.
El gobierno atribuyó el asalto al Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND), movimiento rebelde de la región petrolífera nigeriana del Delta del Níger.
El mismo día 17, unas horas después del asalto, la armada ecuatoguineana detuvo a los hombres y la mujer nigerianos en una embarcación en aguas territoriales de Guinea Ecuatorial.
Los nigerianos detenidos afirmaron ser pescadores y comerciantes y dijeron que habían perdido el rumbo de su cayuco en el mar en medio de la niebla. En la embarcación no se encontraron armas.
Tras su detención, los ciudadanos nigerianos y los dos miembros de UP permanecieron en la cárcel Black Beach de Malabo, sin cargos y en régimen de incomunicación, hasta mediados de octubre de 2009. Según los informes, todos fueron torturados para conseguir que “confesaran”.
Los siete nigerianos –Marck Etim Marck, Eyoh Okon Ikara, Eyon Kun Jhon, Effiong Matew, Okokon Iyanam (alias Mintay), Isangadighi y una mujer, Ekaette Eyo Okon– fueron juzgados entre el 17 y el 22 de marzo de 2010 por el Tribunal de Apelación de Malabo.
No se les permitió el acceso a asistencia letrada hasta pocos días antes del inicio del juicio y por consiguiente se les negó el derecho a presentar una defensa eficaz.
En el tribunal no se presentaron armas ni ninguna otra prueba que fundamentara los cargos contra ellos.
No obstante, el tribunal hizo caso omiso cuando afirmaron que eran pescadores y comerciantes y los condenó basándose en los informes meteorológicos correspondientes al 16 y el 17 de febrero de 2009.
Según estos informes, el tiempo era bueno y por tanto había visibilidad y la embarcación no pudo haber extraviado el rumbo en la niebla y derivado a aguas de Guinea Ecuatorial.
En el tribunal, los acusados y sus abogados denunciaron las torturas, incluida la muerte bajo custodia de la mujer nigeriana, pero el presidente del tribunal les impuso silencio y, según los informes, desestimó las denuncias por considerarlas irrelevantes para el proceso.
Las autoridades tampoco proporcionaron a los nigerianos ayuda para presentar recurso contra la sentencia.
“Las autoridades deben facilitar a los nigerianos acceso a abogados, al personal consular y al tratamiento médico que puedan necesitar”, ha dicho Tawanda Hondora.
Los tres miembros de la UP, Santiago Asumu, Marcelino Nguema Esono y Faustino Ondó Ebang, ex presidente del partido, fueron acusados de intento de asesinato del presidente.
Faustino Ondó –ex preso de conciencia, actualmente exiliado en España– fue juzgado in absentia.
Los tres fueron absueltos de todos los cargos el 5 de abril.
Los cargos presentados contra otros ocho miembros de la UP fueron retirados al comenzar el juicio.
A Amnistía Internacional le preocupa que seis semanas después de ser absueltos, y a pesar de una solicitud oficial presentada por escrito por su abogado al presidente del Tribunal de Apelación exigiendo su puesta en libertad, Santiago Asumu y Marcelino Nguema Esono continúan en prisión.