Los candidatos a las elecciones presidenciales filipinas deben explicar sus planes para combatir la violencia política, causante este año del homicidio de al menos 5 candidatos y 16 organizadores de campaña, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Ante la violencia política que continúa marcando el periodo previo a los comicios del 10 de mayo, la organización ha pedido a los candidatos que se comprometan a abolir los ejércitos privados responsables de los ataques relacionados con las elecciones.
La violencia política asociada a las elecciones había alcanzado ya niveles sin precedentes antes del comienzo del periodo oficial de campaña en febrero. El 23 de noviembre de 2009 mataron a 63 personas que viajaban en el convoy de un candidato de la oposición en la provincia de Maguindanao.
El entonces gobernador Andal Ampatuan Sr y varios miembros de su ejército privado fueron detenidos posteriormente y acusados de los asesinatos.
“Maguindanao debería haber servido de aviso a la presidenta para abolir estas milicias –ha manifestado Lance Lattig, investigador de Amnistía Internacional sobre Filipinas–. Cualquiera que sea el candidato ganador de estas elecciones, tendrá que desarmar y disolver estos ejércitos privados de una vez por todas.”
El número de ejércitos privados creció de 68 a 117 entre diciembre febrero, según Dante Jiménez, miembro de la comisión presidencial creada para disolver estos grupos.
A pesar de la indignación pública que suscitó Maguindanao, la presidenta Gloria Arroyo no ha revocado la Orden Ejecutiva 546, que autorizó en la práctica los ejércitos privados en 2006.
“Estas elecciones se están librando con balas, además de en las urnas –ha señalado Lance Lattig–. El nuevo presidente tendrá que ocuparse de los ejércitos privados y los homicidios políticos que desvirtúan el legado de Arroyo.”
A parte de la matanza de Maguindanao, los homicidios políticos siguen siendo un problema endémico en Filipinas, fomentado por una cultura de impunidad. A pesar de las decenas de casos nuevos que se dan cada año, se han llevado a cabo muy pocas investigaciones efectivas y apenas ha habido enjuiciamientos.
Durante las elecciones, el número de homicidios políticos ha aumentado considerablemente, pues son un medio de eliminar a rivales electorales. Y también se han utilizado otros actos de violencia, como ataques con granadas, para intimidar a partidarios de otros grupos políticos.
Amnistía Internacional ha descubierto nueve casos de candidatos o directores de campaña que han sido víctimas de homicidio político:
Kagi Ketong, director de campaña de los candidatos a alcalde y teniente de alcalde Montasir y Abdulwahab Saban, muerto en un ataque con granadas contra una concentración política en Datu Odin Sinsuat, Maguindanao (15 de abril).Edwin Segue, concejal municipal por el pueblo de San Antonio y reportero de radio, muerto por disparos efectuados por unos motoristas en la ciudad de Ozamis, Misamis Occidental (14 de abril). McArthur “Tol” Cortez, candidato a concejal en la localidad de Sarangani, Davao del Sur, muerto en la ciudad de Digos (12 de abril).Bernardo Olarte, organizador de campaña del candidato a alcalde Junjun Binay, muerto a tiros delante de su casa en la ciudad de Makati, Manila (31 de marzo).Willy Viloria, candidato a vicegobernador de Zambales, muerto a tiros por unos desconocidos en su casa, en Cabangan, Zambales (7 de marzo).Ponciano Numeron, candidato a concejal del municipio de Pasacao y ex policía, muerto presuntamente a manos de las fuerzas del Nuevo Ejército del Pueblo en la provincia de Camarines Sur (5 de marzo).Luís Mondia Jr., candidato a alcalde y ex alcalde de la localidad de Pulupandan, Negros Occidental, muerto en Jaro, provincia de Iloilo (17 de febrero).Oscar Animo, organizador local de campaña del candidato presidencial Gilberto Teodoro, muerto cuando viajaba en su motocicleta en Tagana-an, Surigao del Norte (2 de febrero). Julio “Bimbo” Esquivias, candidato a concejal en Casiguran, Sorsogon, victima de homicidio (5 de enero).Según la información publicada en la prensa, en ocho de estos nueve casos no se ha detenido aún a ningún sospechoso.
En el caso de Oscar Animo, la policía de Tagana-An informó en marzo de que había detenido a tres sospechosos el día 2 de ese mes.
El 5 de abril, casi dos meses después del homicidio de Luís Mondia, la policía de Pulupandan estaba todavía esperando que se dictaran órdenes de detención.
La reacción de las autoridades fue más firme en el caso del candidato muerto presuntamente a manos del Nuevo Ejército del Pueblo. En respuesta al caso de Ponciano Numeron, el comandante de la 9º División de Infantería, general Ruperto Pabustan, lanzó al 42º Batallón de Infantería a la caza de los sospechosos, según informó el sitio web del Batallón el 24 de abril. Sin embargo, aún no se ha detenido a nadie.