El primer Parlamento de Sri Lanka posterior a la guerra debe librarse de las draconianas leyes de emergencia que han permitido décadas de abusos generalizados contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. En vísperas de la primera sesión del Parlamento postbélico de Sri Lanka, que se celebrará el 22 de abril, Amnistía Internacional pide a Sri Lanka que levante el estado de emergencia que lleva en vigor de forma casi continua desde 1971, y que derogue la Ley de Prevención del Terrorismo y otras leyes y normas asociadas de emergencia, y que las sustituya por leyes que respeten los derechos humanos.Las leyes de emergencia otorgan a las autoridades del Estado amplios poderes de detención y permiten el uso de prisiones secretas, una práctica que alienta abusos contra los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y muerte bajo custodia, unos abusos que pueden constituir delitos en virtud del derecho internacional. En los últimos treinta años, miles de srilankeses han pasado años detenidos sin juicio.A lo largo del último año, el gobierno ha utilizado cada vez más estas leyes para ejercer represión sobre periodistas, opositores políticos y sindicalistas.“Si desea avanzar, Sri Lanka debe derogar estas leyes y poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “La Ley de Prevención del Terrorismo, la Ordenanza sobre Seguridad Pública y otras disposiciones de emergencia de Sri Lanka permiten que las fuerzas de seguridad violen sistemáticamente los derechos humanos.”Desde que, hace casi un año, terminó la guerra con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, los legisladores de Sri Lanka han seguido ampliando el estado de emergencia mensualmente. Los gobiernos sucesivos han hecho caso omiso de los llamamientos para que se derogue la Ley de Prevención del Terrorismo.“La guerra ha terminado. La perpetuación del estado de emergencia sólo se está utilizando como arma contra la oposición política, y como solución rápida para unas malas prácticas de cumplimiento de la ley y un sistema de justicia desestructurado”, ha manifestado Madhu Malhotra. Amnistía Internacional pide al nuevo Parlamento que inste a poner en libertad a las personas detenidas en virtud de las leyes de emergencia de Sri Lanka, a menos que se las acuse de delitos penales reconocidos internacionalmente y se las juzgue en tribunales civiles ordinarios de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
Información complementaria Las leyes de emergencia invierten la carga de la prueba cuando se denuncia que la policía ha obtenido confesiones mediante tortura. La Ordenanza sobre Seguridad Pública, la Ley de Prevención del Terrorismo y la normativa de emergencia protegen también a los funcionarios frente al procesamiento por las acciones emprendidas en virtud de estas leyes, cuando se considere que han actuado “de buena fe”.En julio de 2006, el presidente Rajapaksa emitió directivas para las fuerzas de seguridad destinadas a proteger los derechos humanos de las personas detenidas o recluidas. Aunque la normativa de emergencia no obliga al gobierno a hacer públicos los lugares de detención, el presidente ordenó que las personas detenidas dispongan de “medios razonables para comunicarse con un familiar o un amigo con el fin de que su familia pueda conocer su paradero”; también ordenó que se informara a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka de la detención y del lugar de reclusión en cada caso, en un plazo de 48 horas, y que los miembros de la Comisión visitaran a los detenidos.Estas salvaguardias nunca se han puesto en práctica de forma efectiva.Más allá de la preocupación en torno al carácter de la legislación y a la falta de rectificación de sus defectos por parte del gobierno, a Amnistía Internacional le preocupa que las fuerzas de seguridad hayan utilizado la amenaza general de los amplios poderes que les otorga la legislación de emergencia para intimidar a personas. Puesto que establecen disposiciones para delitos de definición amplia e imprecisa, como el “terrorismo”, las leyes de emergencia también se han utilizado para restringir la libertad de expresión y asociación e intensificar la presión sobre activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otras personas que mantienen opiniones discrepantes.