El gobierno de Fiyi podrá encarcelar a periodistas por periodos de hasta cinco años, pasando por encima de la libertad de información, si mañana su gabinete aprueba un represivo proyecto de Decreto sobre Medios de Comunicación, ha afirmado Amnistía Internacional. “El gobierno de Fiyi se otorga la licencia de encarcelar o llevar a la quiebra a quienes lo critiquen. El decreto hará que los medios de comunicación tengan aún más reparos para informar sobre abusos cometidos por el gobierno y el ejército por miedo a sufrir represalias a manos de un tribunal arbitrario” ha explicado Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional sobre la región de Asia y Oceanía. El decreto extenderá y endurecerá la censura ya generalizada que impone la normativa de excepción pública que lleva en vigor desde abril de 2009. “Los periodistas fiyianos ya sufren intimidación, amenazas y agresiones por parte del ejército desde que se autorizó la censura a los medios de comunicación en abril de 2009. Ahora podrían enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel o a multas lo bastante elevadas como para cerrar un medio de comunicación, a través de un sistema de denuncias controlado por el gobierno y no sujeto a un código oficial de pruebas” manifiesta Apolosi Bose. El proyecto de decreto se sometió a un acelerado proceso de consulta que duró tres días, y probablemente será aprobado por el gobierno fiyiano el martes, en la reunión del Consejo de Ministros. Si el proyecto adquiere fuerza de ley, el gobierno ejercerá un control aún mayor sobre el contenido y la propiedad de los medios de comunicación a través de una nueva autoridad sobre medios de comunicación investida de amplios poderes; además, periodistas, directores de medios y grupos de comunicación podrán ser encarcelados por un tribunal dirigido por alguien que habrá sido nombrado por el presidente. Amnistía Internacional cree que las imprecisas disposiciones del decreto serán interpretadas con la intención de castigar a las personas que critican pacíficamente al gobierno. “Basándonos en la experiencia, las genéricas alusiones al interés nacional y el orden público en el decreto sólo significan que los medios de comunicación no podrán criticar a los máximos dirigentes de Fiyi ni a los miembros de las fuerzas de seguridad fiyianas y sus socios y simpatizantes” ha afirmado Apolosi Bose. La nueva Autoridad de Desarrollo de Industria y Medios de Comunicación, que será instituida en virtud del decreto, tendrá el cometido de garantizar que los medios de comunicación locales no publican material peligroso para el interés o el orden público, o que vaya contra el interés nacional, o que ofenda la decencia y el buen gusto, o que siembre la discordia en el seno de la comunidad. Tendrá amplios poderes de investigación sobre periodistas y medios de comunicación, incluidas facultades de registro e incautación de material. El propuesto Tribunal de Medios de Comunicación decidirá sobre las denuncias remitidas por la citada autoridad y podrá imponer penas de cinco años de cárcel y multas de hasta 50.000 dólares estadounidenses a periodistas y directores de publicaciones y de 250.000 dólares a los grupos de comunicación. Pese a tener semejantes facultades sancionadoras, este tribunal no estará obligado a respetar un código oficial de pruebas. Información complementaria La consulta con los representantes de los medios de comunicación sobre el proyecto de decreto, que duró tres días y concluyó la semana pasada, fue, en opinión de la mayoría, una farsa. Los participantes sólo dispusieron de dos horas y media para leer un documento de 50 páginas y exponer a continuación sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto. No se les permitió llevarse copias para su difusión. El fiscal general, Aiyaz Sayed-Khaiyum, ha indicado la intención del gobierno fiyiano de aprobar “con prontitud” el proyecto de decreto, y el presidente, Voreqe Frank Bainamarama, ha dicho a quienes se oponen al decreto que “cambien de parecer” por el interés nacional. El gobierno ha demostrado con sus acciones en el pasado que no está verdaderamente comprometido con el respeto a la libertad de información. Desde que el ejército ocupó el poder mediante un golpe de Estado en diciembre de 2006, la intimidación y las amenazas a periodistas y directores de medios de comunicación locales y extranjeros han sido la norma. Varios periodistas extranjeros y directores de medios extranjeros destinados en Fiyi han sido expulsados del país desde 2008. Con la derogación de la Constitución en abril de 2009 se reanudaron las medidas represivas contra la libertad de expresión y aumentó la censura en aplicación de la normativa de excepción pública, que desde entonces se ha renovado periódicamente.
