Amnistía Internacional ha condenado la decisión del gobierno australiano de suspender la tramitación de las nuevas solicitudes de asilo de ciudadanos de Afganistán y Sri Lanka, que incumple claramente las obligaciones internacionales de Australia en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU de 1951. “Es una decisión indignante. Lamentablemente, parece que el gobierno australiano trata ahora de pasar por alto los derechos de los más vulnerables” ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha expresado también su honda preocupación ante la posibilidad de que esta decisión conlleve la detención arbitraria de personas cuyas peticiones de protección están justificadas. La decisión de suspender la tramitación de las solicitudes de asilo de Afganistán y Sri Lanka se adelanta a la revisión oficial por parte del ACNUR de la situación de seguridad sobre el terreno en ambos países. Amnistía Internacional considera que la decisión del gobierno australiano envía un peligroso mensaje a toda la región de Asia y Oceanía. Existe la posibilidad de que, a consecuencia de ella, otros gobiernos de la región comiencen a presionar al ACNUR para que deje de tramitar las solicitudes de ciudadanos afganos y srilankeses en países como Malaisia e Indonesia. Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que dé a conocer la información sobre la que ha basado su afirmación de que las condiciones de seguridad en Afganistán y en Sri Lanka han mejorado hasta el punto de justificar esta súbita suspensión generalizada. “Las razones del gobierno para esta decisión aparentemente unilateral no casan con la información de que disponen Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos respecto a la situación sobre el terreno de muchas personas en Afganistán y Sri Lanka”, ha dicho Sam Zarifi. El gobierno australiano tiene un riguroso procedimiento de evaluación de las solicitudes de asilo, que se ajusta a los criterios acordados internacionalmente establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En virtud de ese procedimiento se ofrece protección a las personas que se considera en peligro de sufrir tortura, persecución o muerte, mientras que aquéllas cuya petición no se considera legítima son devueltas a sus países de origen. Australia, como firmante de la Convención, debe mantener dicho procedimiento. Las peticiones de asilo de más del 90 por ciento de los solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar se consideran justificadas. Esto quiere decir que la solicitud de protección de la inmensa mayoría de los afganos y srilankeses que solicitan asilo en Australia se han considerado justificadas. Estas cifras exigen que el gobierno Australiano brinde más explicaciones sobre la suspensión generalizada que afecta a ambos grupos. La situación de muchos colectivos en Sri Lanka, como los activistas, los periodistas y algunos tamiles, sigue siendo inestable y peligrosa. También en Afganistán muchas personas, y en particular activistas y periodistas, han huido de amenazas reales de los talibanes o de señores de la guerra aliados con el gobierno, mientras que las mujeres, las cabezas de familias monoparentales, los menores no acompañados, las víctimas de acontecimientos traumáticos, las personas que necesitan atención médica y las personas discapacitadas corren un importante peligro. “No hay nada que justifique que el gobierno australiano aplique una suspensión generalizada de las solicitudes de asilo de ciudadanos afganos y srilankeses”, ha dicho Sam Zarifi. Amnistía Internacional investigará si la decisión también vulnera las obligaciones de Australia según la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
