Resumen

Las autoridades reprimían el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La libertad de los medios de comunicación estaba amenazada: se suspendían periódicos y se condenaba a periodistas a penas de prisión por “difamación” o publicación de noticias “falsas”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental dictó sentencia en tres causas; y denunció incidentes de tortura y otros malos tratos a personas privadas de libertad, así como de detención y reclusión arbitrarias en el país. Las ONG presentaron denuncias de corrupción oficial. El acceso a los servicios de salud materna se veía dificultado por la escasez de personal, el deterioro del material y la deficiente calidad de la atención.