Qatar 2023
Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión y silenciando las voces críticas. La población trabajadora migrante seguía sufriendo diversos abusos, como robo de salarios, trabajo forzoso y explotación, y no tenía acceso adecuado a los mecanismos de presentación de quejas y reparación. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. Las personas LGBTI corrían riesgo de ser detenidas debido a leyes discriminatorias.
Libertad de expresión
Las autoridades seguían restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica con medidas como practicar detenciones arbitrarias por ejercer derechos humanos.
En 2023, un grupo de activistas recibió informes fiables que confirmaban que, a mediados de 2022, el Tribunal Penal de Apelación de la capital qatarí, Doha, había confirmado las sentencias condenatorias dictadas contra los hermanos Hazza y Rashed al Marri, ambos abogados, por delitos como cuestionar legislación ratificada por el emir, “amenazar” al emir en las redes sociales, poner en peligro la independencia del Estado, organizar reuniones públicas no autorizadas y “violar” los valores sociales en Internet. Habían sido condenados a cadena perpetua. Los cargos estaban relacionados con discursos que habían pronunciado o con poemas publicados en Internet, en los que criticaban la ley electoral del país, que discriminaba a los miembros de la tribu Al Marri.
Dos activistas presos por artículos publicados en Internet fueron puestos en libertad tras haber cumplido sus condenas. Uno de ellos, Abdullah al Mohannadi, fue excarcelado en agosto, una vez cumplida la condena de ocho meses que le habían impuesto por sus publicaciones y su activismo en relación con la Campaña Nacional por los Ciudadanos con Prohibición de Viajar. No obstante, continuó sujeto a una prohibición de viajar.
Derechos de las personas migrantes
La población trabajadora migrante seguía sufriendo graves abusos, como robo de salarios, restricciones para cambiar de empleo y mecanismos inadecuados de reclamación y reparación.
A principios de enero, cientos de responsables de seguridad y guardias contratados por la empresa radicada en Qatar Teyseer Security Services, que habían trabajado un número excesivo de horas y sin días de descanso en las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2022, organizaron protestas unos días antes de que expiraran sus contratos para exigir que les pagaran íntegramente lo que les debían.1 Según dijeron a Amnistía Internacional, representantes de Teyseer y del gobierno les habían prometido que les pagarían, pero la promesa no se cumplió.
El salario mínimo mensual de Qatar seguía siendo demasiado bajo para que los trabajadores y trabajadoras tuvieran un nivel de vida adecuado o se libraran de la servidumbre por deudas causada por el pago de comisiones de contratación ilegales, según la OIT.
Al parecer, las autoridades aplicaron la legislación de Qatar sobre el estrés térmico para el personal que trabajaba al aire libre en el sector de la construcción, pero no en el sector de la seguridad.
La población trabajadora migrante seguía enfrentándose a trabas burocráticas para cambiar de empleo sin el permiso de las entidades empleadoras, aunque dicho permiso hubiese dejado de ser un requisito legal.
El personal doméstico interno, en su mayoría mujeres, seguía enfrentándose a condiciones de trabajo especialmente duras y a abusos, pues el gobierno seguía sin aplicar las medidas adoptadas en 2017 para proteger a estas personas.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos, derecho que sí se reconocía a la ciudadanía qatarí.
Derecho a verdad, justicia y reparación
La población trabajadora migrante seguía encontrando obstáculos para acceder a la justicia y recibir reparación por diversos abusos contra los derechos humanos, algunos de los cuales llevaban mucho tiempo cometiéndose. Entre otros problemas, sufría: retrasos de hasta un año en el proceso judicial; barreras lingüísticas; impago de las cantidades adeudadas cuando se ganaban los casos; exclusión de algunos abusos, como el pago de comisiones de contratación ilegales, e imposibilidad de acceder a la justicia desde otros países tras salir de Qatar.
Las autoridades no revelaron a qué cantidad ascendía el fondo estatal de indemnización a los trabajadores y trabajadoras en 2023; dijeron a Amnistía Internacional que habían “aumentado los pagos” con cargo a él, pero sin proporcionar ninguna información que lo confirmara. El fondo limitaba las indemnizaciones a 5.500 dólares estadounidenses por persona, lo que impedía a algunos trabajadores y trabajadoras percibir la totalidad de su salario.2
Seguían sin investigarse de manera efectiva las muertes de trabajadores migrantes y sin exigirse responsabilidades a las entidades empleadoras o las autoridades, lo que impedía evaluar si eran atribuibles a causas laborales y privaba a las familias de la oportunidad de recibir indemnizaciones. Qatar y la FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial, no garantizaron la reparación pendiente desde hacía mucho tiempo, incluida la indemnización a un gran número de trabajadores cuyos derechos habían sido vulnerados durante un decenio mientras trabajaban en proyectos relacionados con la Copa Mundial de fútbol de 2022.
Derechos de las mujeres
Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. En virtud del sistema de tutela, necesitaban el permiso de un tutor varón —normalmente su marido, padre, hermano, abuelo o tío— para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero siendo menores de 25 años y acceder a la atención de la salud reproductiva.
Aunque el derecho de familia establecía que el esposo debía “abstenerse de herir [a su esposa] física o moralmente”, las mujeres seguían estando insuficientemente protegidas por la ley contra la violencia de género en el ámbito familiar.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La legislación qatarí discriminaba a las personas LGBTI, y las autoridades continuaron deteniendo a personas únicamente por su orientación sexual o su expresión de género.
El Código Penal tipificaba como delito una serie de actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. El artículo 296.3 castigaba con penas de prisión a toda persona que impulsara, indujera o incitara a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o perversión. El artículo 296.4 castigaba con penas de prisión a toda persona que indujera o incitara a un hombre o a una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o ilícitos.
En una entrevista emitida en septiembre, el primer ministro afirmó: “Esto [en referencia a una pregunta sobre los derechos de las personas LGBTI] es algo inaceptable en nuestra fe… mientras respeten la ley en los espacios públicos, no se cuestionará la seguridad de nadie”.
Derecho a un medioambiente saludable
Qatar seguía siendo uno de los cinco mayores emisores de CO2 per cápita del mundo. Además, amplió su producción de gas natural licuado y, en junio, firmó un acuerdo de suministro de 27 años con China y con empresas petroleras europeas.