México 2023

Las autoridades seguían penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. Se criminalizaba a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, y los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes. El gobierno siguió sin tomar medidas para proteger a las personas refugiadas y migrantes; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria era de 36 horas. Se facilitó el acceso al aborto gracias a una sentencia que determinaba la inconstitucionalidad de su penalización. Las cifras de feminicidios seguían siendo muy elevadas y los casos no se investigaban adecuadamente. Se habían registrado más de 114.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas desde 1962. Quienes buscaban a familiares víctimas de desaparición seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que México debía eliminar la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y modificar el sistema de prisión preventiva. Se seguía socavando la independencia del poder judicial con acciones como la detención arbitraria de jueces y juezas. Continuó la construcción del Tren Maya, pese a que entrañaba preocupación por su impacto en el medioambiente. Persistía la inacción del gobierno para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, y comenzó a funcionar la refinería de Dos Bocas. Pese a que el matrimonio entre personas del mismo sexo se había autorizado en todo México en 2015, muchos estados aún no habían modificado su Código Civil para reflejarlo.

Información general

Los homicidios y las desapariciones forzadas habían aumentado en los 16 años que los militares llevaban participando en las operaciones de seguridad pública.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (la institución encargada de hacer cumplir la ley a nivel federal) habían cometido violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al considerar que la Constitución establecía expresamente que la Guardia Nacional era una entidad civil y que sus acciones debían estar dictadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En octubre, la presidencia insistió en que la Guardia Nacional había obtenido buenos resultados y propuso enviar otra solicitud al Congreso para que esa institución pasara a formar parte de la SEDENA, negando las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos.

La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información continuó lastrando a la SEDENA. En octubre, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 publicó un informe en el que se denunciaba la obstrucción por parte de la SEDENA del acceso a documentos históricos que trataban las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo de represión política.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades seguían criminalizando a quienes ejercían su derecho a protestar y empleando fuerza excesiva contra esas personas; utilizaban el sistema judicial de forma desproporcionada para encausar a quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente.¹ En San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas), varios miembros de la mesa directiva de la Colonia Maya fueron acusados de secuestro por la protesta que habían llevado a cabo contra la construcción de una urbanización residencial en una zona de protección ambiental. Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl —comunicadores y defensores nahuas de la localidad de Zacatepec (estado de Puebla)— quedaron exonerados en marzo y julio, respectivamente, de las acusaciones de “obstrucción de obra pública” por su protesta contra la construcción de un drenaje que podía contaminar el río Metlapanapa. En mayo, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores tseltales de la localidad de Chilón (estado de Chiapas), fueron declarados culpables del delito de “motín” por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. En marzo, Juan Diego Valencia Chan, Arturo Albornoz May y Jesús Ariel Uc Ortega, defensores mayas de la localidad de Sitilpech (estado de Yucatán), fueron acusados de “ataques a las vías de comunicación” por oponerse a las actividades de una megagranja porcina en su territorio debido a la contaminación del aire y del agua y a los problemas de salud que provocaba.

En septiembre, las autoridades de la ciudad de León (estado de Guanajuato) reconocieron que habían empleado fuerza excesiva contra las mujeres que se habían manifestado en protesta por la violencia de género en 2020 y ofrecieron disculpas a las víctimas.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas armadas seguían haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por estos crímenes y las violaciones de derechos humanos.

El 26 de febrero, varios soldados mexicanos mataron presuntamente a cinco jóvenes que viajaban en camioneta por la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). El 18 de mayo, una cámara de vigilancia mostró a varios militares matando presuntamente a cinco hombres en esa misma ciudad. Tras la difusión del vídeo, la CNDH abrió una investigación sobre el caso que determinó que se habían cometido violaciones graves de derechos humanos, y recomendó al ejército que colaborara con las investigaciones de la fiscalía y brindara a los familiares de las víctimas apoyo económico y psicológico.

En octubre, un juzgado penal de la ciudad de Monterrey (estado de Nuevo León), estableció la responsabilidad penal de varios militares por la ejecución extrajudicial en 2010 de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Aumentó la presencia de militares desplegados en los espacios públicos. En enero se efectuó un despliegue temporal de 6.060 miembros de la Guardia Nacional en el sistema de metro de la capital, Ciudad de México, por supuestos motivos de seguridad. Las ONG locales denunciaron que esta medida era inadecuada, argumentando que el problema principal era la falta de mantenimiento del metro y que la presencia de las fuerzas armadas no aumentaba la seguridad del sistema de transporte.

Libertad de expresión

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían expuestos a riesgos importantes. Según la organización ARTICLE 19, al menos 5 periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo. Un informe publicado en 2023 por la ONG Global Witness señalaba que en 2022 habían sido asesinadas 31 personas defensoras de la tierra y activistas ambientales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que en 2023 se había asesinado al menos a 13 defensores y defensoras de los derechos humanos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró al menos 188 casos de secuestro, amenazas y agresiones físicas contra personas de esos dos colectivos durante el año.

En abril y mayo se conocieron nuevos casos del uso del programa espía Pegasus contra dos integrantes de la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respectivamente. La vigilancia podía estar relacionada con el trabajo que estas personas llevaban a cabo sobre violaciones graves de derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa (véase, infra, “Desapariciones forzadas”).

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aumentó el número de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó de que durante el año habían solicitado asilo en el país 141.053 personas, en su mayoría procedentes de Haití, Honduras, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Las autoridades seguían sin proteger el derecho a la vida y la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. El 28 de marzo, al menos 40 hombres murieron y otros 29 fueron hospitalizados en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) a causa de un incendio ocurrido en un centro de detención migratoria. Se presumía que los habían dejado encerrados después de que se hubiera declarado el incendio.²

En marzo, la Suprema Corte dictó una sentencia histórica que establecía que el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria era de 36 horas, tras las cuales las personas migrantes y solicitantes de asilo debían ser puestas en libertad. La Corte afirmó asimismo que esos grupos de población debían disponer de una defensa jurídica adecuada que protegiera sus derechos.

Derechos de las mujeres

El gobierno acordó mantener los monumentos públicos que conmemoraban a activistas de los derechos de las mujeres. En junio, las autoridades colocaron vallas metálicas alrededor de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Ciudad de México, para retirar el monumento, pero el jefe de gobierno de esa entidad federativa, Martí Batres Guadarrama, aceptó mantenerlo tras la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil y activistas.

Mejoró el acceso al aborto en México. En septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, en una causa presentada por las organizaciones feministas. Esa decisión implicaba que las autoridades tenían la obligación de garantizar el acceso al aborto a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Asimismo, la Suprema Corte estableció que la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico y las comadronas por practicar un aborto o proporcionar ayuda para su realización también era inconstitucional porque generaba un efecto discriminatorio.

El número de casos de violencia sexual y feminicidio seguía siendo elevado, y no se procedía con la diligencia debida para investigar esos delitos adecuadamente. Cada día eran asesinadas un promedio de 9 mujeres en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), donde los feminicidios se documentaban desde hacía 30 años, muchas víctimas seguían sin obtener justicia. Las organizaciones locales, familiares de las víctimas y Amnistía Internacional honraron públicamente la memoria de las mujeres que habían sido asesinadas.

En enero se creó la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado de San Luis Potosí ante la insistencia de las familias de las víctimas para que se investigaran adecuadamente esos homicidios. En febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció deficiencias en las investigaciones sobre los feminicidios de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, y ofreció una disculpa pública.

Desapariciones forzadas

El número de personas desaparecidas o en paradero desconocido seguía siendo elevado. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró al menos 12.031 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2023, de las cuales 8.426 eran hombres, 3.596, mujeres, y 9 permanecían sin identificar. Según cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el final de 2023 ascendía a 114.004 personas.

Quienes buscaban a sus familiares desaparecidos se exponían a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión y las amenazas. En mayo, Teresa Magueyal, que llevaba buscando a su hijo desde 2020, fue asesinada en la localidad de Celaya (estado de Guanajuato). En octubre, Griselda Armas, que llevaba buscando a su hijo desde septiembre de 2022, fue asesinada junto con su esposo en la localidad de Tacámbaro (estado de Michoacán). En agosto, familiares de personas desaparecidas exigieron tener acceso al Servicio Médico Forense y los centros de readaptación social, pero denunciaron que el personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro los había agredido y amenazado para que no denunciaran el incidente.

En julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó su sexto y último informe sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) que habían desaparecido en 2014. Los expertos destacaron la participación de las fuerzas armadas mexicanas en esas desapariciones forzadas y la falta de acceso a la información en poder de las instituciones públicas. Posteriormente, el GIEI anunció su salida del país por la falta de colaboración de las autoridades mexicanas. El presidente reaccionó expresando su apoyo al ejército, criticando a las organizaciones de la sociedad civil que representaban a las víctimas y anunciando que se estaba llevando a cabo una investigación penal sobre Omar Gómez Trejo, exdirector de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que había dimitido en 2022 tras haber denunciado injerencias indebidas de la Fiscalía General de la República en la investigación del caso.³

En agosto, la directora de la CNB, Karla Quintana, dimitió después de que el presidente anunciara la creación de un nuevo censo de desapariciones con el argumento de que las cifras de ese organismo eran poco fiables y demasiado altas. Organizaciones de la sociedad civil y activistas temían que la presidencia tratara de rebajar las cifras oficiales de personas desaparecidas para ocultar el fracaso de las políticas federales de seguridad pública. En octubre, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue nombrada nueva directora de la CNB; las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de consulta, participación, transparencia y escrutinio en relación con el proceso de designación, así como la falta de experiencia de la comisionada. En diciembre, la presidencia hizo públicos los resultados del nuevo censo de desapariciones, que reducía la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas entre 1962 y agosto de 2023 y revelaba que se carecía de información suficiente para buscar a 79.955 de esas personas.

Detención y reclusión arbitrarias

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2 sentencias sobre detenciones arbitrarias. El primer caso implicaba la detención arbitraria en 2006 de 3 hombres, de los que 2 eran indígenas, entre ellos Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile. La policía los había detenido y confinado durante más de 3 meses en arraigo (prisión cautelar sin cargos) sin acceso a un juez, y luego en prisión preventiva durante 2 años más.⁴ El segundo caso tenía que ver con Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, que habían sido recluidos en arraigo, sometidos a tortura y otros malos tratos y mantenidos en prisión preventiva durante más de 17 años por su presunta participación en un homicidio.

En ambos casos, la Corte ordenó a México que reformara su marco jurídico a fin de eliminar la figura del arraigo y modificar el sistema de prisión preventiva. También estableció que la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) era contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria instó a las autoridades mexicanas a eliminar de la Constitución las disposiciones sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones y la privación de libertad en virtud de la excesivamente punitiva política de drogas que se aplicaba desde 2006.

El presidente continuó lanzando acusaciones públicas contra la Suprema Corte y el poder judicial cuando estos tomaban decisiones contrarias a los planes del gobierno. En junio, la jueza Angélica Sánchez, radicada en el estado de Veracruz, fue acusada de “delitos contra la fe pública y tráfico de influencias” a raíz de su decisión de poner en libertad por falta de pruebas a un hombre acusado de homicidio. Fue detenida en Ciudad de México por varios policías y miembros de la Guardia Nacional asignados a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El Instituto Federal de Defensoría Pública calificó su detención de atentado a la independencia judicial. Se señalaron algunas irregularidades graves, como la detención arbitraria y el hecho de que la Guardia Nacional y la CONASE carecieran de competencia para detenerla. En julio, la jueza fue excarcelada y sometida a arresto domiciliario.

Derecho a un medioambiente saludable

La construcción del Tren Maya (vía férrea interurbana de 1.525 km que atravesaba la península de Yucatán) continuó en 2023. Representaba una amenaza para el medioambiente en el sur de México, así como para el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno no había aplicado la legislación federal sobre medioambiente en la construcción del ferrocarril y señalaron que el proyecto afectaría negativamente al ecosistema, especialmente al acuífero subterráneo del sudeste del país. La legislación federal sobre medioambiente establecía la obligación que las autoridades tenían de proteger el medioambiente y llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental de las obras públicas. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá recomendó a las autoridades mexicanas que elaboraran un informe sobre los riesgos e impactos relacionados con el proyecto.

El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles. En 2023 comenzó a funcionar la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que las autoridades habían inaugurado en 2022.

Un total de 84 personas de la comunidad de El Bosque (estado de Tabasco) fueron evacuadas el 1 de noviembre por el ascenso del nivel del mar atribuido a la crisis climática. Exigían ser reubicadas y que se cubrieran sus necesidades básicas, como el alojamiento, la escolarización y los servicios públicos. El gobierno prometió su reubicación, pero ésta no se había materializado en absoluto al concluir el año.⁵

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El matrimonio entre personas del mismo sexo estaba autorizado desde 2015 en los 32 estados del país, pero algunos todavía no habían modificado su Código Civil para reflejarlo. En junio, el Congreso del estado de Nuevo León reformó el Código Civil a fin de establecer que las personas mayores de 18 años pudieran casarse independientemente de su sexo. Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua eran algunos de los estados que aún no habían modificado el Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Derecho a la salud

En mayo, las autoridades modificaron varios artículos de la Ley General de Salud para establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionaría acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás suministros a las personas no afiliadas a instituciones de salud pública, es decir, las que carecían de un empleo formal —o no tenían familiares con un empleo formal— en el que la entidad empleadora pagara la sanidad pública y a las que no fueran estudiantes. Aunque las modificaciones tenían por objeto garantizar el derecho a la salud de la población en situación más vulnerable, en particular, había activistas y organizaciones que aseguraban que el Instituto Mexicano del Seguro Social no disponía de recursos económicos suficientes para hacer efectiva esa garantía.