Israel y los Territorios Palestinos Ocupados 2023

En mayo, Israel lanzó una ofensiva de 5 días en la Franja de Gaza ocupada y bloqueada, durante la cual mató a 11 personas civiles palestinas. Tras un ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron al menos 1.000 personas —36 de ellas niños y niñas— y unas 245 fueron tomadas como rehenes o cautivas, Israel llevó a cabo intensas operaciones militares que mataron a 21.600 personas palestinas en Gaza —un tercio de ellas niños y niñas— y destruyeron el 60% de las viviendas. En octubre, Israel intensificó su bloqueo de 16 años sobre Gaza y cortó todos los suministros, incluidos alimentos, agua, electricidad, combustible y medicinas, lo que agravó la catástrofe humanitaria. Después del 7 de octubre, las autoridades israelíes aumentaron las restricciones a la libertad de circulación en la Cisjordania ocupada. Aplicaron leyes y políticas de segregación, privación y desplazamiento forzado que intensificaron el opresor sistema de apartheid impuesto contra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Sólo en Gaza, 1,9 millones de personas palestinas, de una población de 2,2 millones, se vieron obligadas a desplazarse debido a las ofensivas israelíes. Aumentó la violencia de los colonos respaldada por el Estado. En el Néguev/Naqab del sur de Israel, las fuerzas israelíes siguieron demoliendo casas y pueblos beduinos enteros, uno de ellos por 222ª vez. En Cisjordania, las operaciones policiales israelíes fueron las más letales desde 2005, y entre las víctimas mortales hubo 110 niños y niñas palestinos. Las detenciones de personas palestinas sin cargos ni juicio alcanzaron niveles récord. Dentro de Israel, la policía empleó en ocasiones fuerza excesiva y practicó detenciones arbitrarias en manifestaciones contra el gobierno, además de imponer prohibiciones a las protestas contra la guerra en las comunidades palestinas. Las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica.

Información general

El gobierno de Benjamin Netanyahu confió responsabilidades militares y policiales a políticos que habían incitado al odio racial y propuesto anexionar territorio palestino y expulsar a su población. El ministro de Economía, Bezalel Smotrich, se convirtió en gobernador de la Cisjordania ocupada en febrero, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, formó en abril una “guardia nacional” de personas voluntarias. Las ideas supremacistas judías de ambos se generalizaron tras el ataque de Hamás del 7 de octubre (véase el apartado sobre Palestina).

El 25 de julio, la Corte Internacional de Justicia recibió alegaciones sobre la legalidad de la ocupación israelí de los Territorios Palestinos Ocupados.

A partir de septiembre, el Tribunal Supremo de Israel atendió peticiones contra una propuesta de reforma de la Constitución presentada por el gobierno que socavaba la independencia del poder judicial y su capacidad para preservar los derechos civiles de la ciudadanía judía.¹

La oposición al gobierno se manifestó en forma de protestas masivas semanales, que cesaron después del 7 de octubre. El partido centrista de Benny Gantz se unió al gobierno y al gabinete de guerra de emergencia el 11 de octubre.

El Ministerio de Defensa apoyó la evacuación de 54 comunidades del sur de Israel y 43 del norte, tras ataques lanzados desde la Franja de Gaza y Líbano.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Franja de Gaza

La primera ofensiva israelí del año contra la Gaza ocupada y bloqueada, del 9 al 13 de mayo, mató a 11 personas civiles palestinas —entre ellas 4 niños y niñas— y destruyó 103 viviendas. El ataque aéreo inicial mató a Khalil al Bahtini, alto mando de las Brigadas de Al Quds, grupo armado afiliado a la Yihad Islámica, así como a su esposa, su hija pequeña y sus vecinas Dania e Iman Adas.² Las Brigadas de Al Quds dispararon cientos de cohetes de manera indiscriminada hacia localidades israelíes (véase el apartado sobre Palestina)

La segunda oleada de hostilidades, con sus catastróficas consecuencias humanitarias para Gaza, se saldó con un número de víctimas civiles sin precedentes. El 7 de octubre, en medio del lanzamiento indiscriminado de miles de cohetes, combatientes de grupos armados palestinos atacaron el sur de Israel; murieron al menos 1.000 personas y unas 3.300 resultaron heridas, mientras que unas 245 fueron tomadas como rehenes o cautivas (véase el apartado sobre Palestina). En las 12 semanas siguientes, los bombardeos aéreos y las ofensivas terrestres de las fuerzas israelíes mataron a 21.600 personas palestinas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, un tercio de las cuales eran niños y niñas.

La investigación exhaustiva sobre el terreno llevada a cabo por Amnistía Internacional en relación con la muerte de 229 personas en 9 ataques aéreos ilegítimos reveló que Israel había violado el derecho internacional humanitario por, entre otras cosas, no tomar precauciones factibles para proteger a la población civil, realizar ataques indiscriminados que no distinguían entre civiles y objetivos militares o llevar a cabo ataques que posiblemente fueran dirigidos contra bienes de carácter civil.³

El 19 de octubre, un ataque aéreo israelí destruyó parte del recinto de la iglesia de San Porfirio en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban cientos de personas desplazadas, y mató a 18 civiles. Murieron los 2 hijos y una hija de Ramez al Sury, así como otros 10 familiares suyos, incluidos bebés.⁴ El 22 de octubre, las fuerzas israelíes lanzaron municiones de ataque directo conjunto de fabricación estadounidense, que mataron a 19 civiles en la casa familiar de Abu Mueileq en Deir al Balah, en el sur de Gaza, la zona que en ese momento había sido designada como segura por órdenes israelíes.⁵

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), al concluir el año habían sido destruidas 65.000 viviendas, con el consiguiente desplazamiento forzado de 1,9 millones de personas palestinas. Además, habían resultado dañadas o destruidas 76 instalaciones sanitarias, 370 escuelas, 115 mezquitas y 3 iglesias.

El 7 de octubre, el gobierno israelí también bloqueó la venta de electricidad a Gaza. El 9 de octubre, impuso un asedio total y cortó todos los suministros, incluidos los de alimentos, agua, combustible y medicinas.

También se atacó a trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. El Comité para la Protección de los Periodistas informó de la muerte de 70 profesionales del sector. El cineasta Roshdi Sarraj murió el 22 de octubre en un ataque aéreo contra su casa en la ciudad de Gaza.

El personal médico también sufrió ataques en la zona. En diciembre, 23 de un total de 36 hospitales se habían visto obligados a cerrar debido a los daños y a la falta de electricidad. La OMS informó de que 600 pacientes y miembros del personal médico habían muerto en ataques dirigidos contra instalaciones médicas, incluidas 76 ambulancias. En el norte de Gaza, los hospitales Al Ahli y Al Shifa funcionaban al 5% de su capacidad pese a estar desbordados por el número de personas heridas y enfermas. La ocupación de camas en los hospitales era del 310%, según la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja. El 24 de diciembre, un hospital suyo en Jan Yunis, Al Amal, fue alcanzado por un dron que mató a un niño de 13 años.

Líbano

Hezbolá, partido político con brazo armado, y otros grupos armados de Líbano dispararon cohetes contra el norte de Israel (véase el apartado sobre Líbano). El 16 de octubre, la artillería israelí bombardeó con fósforo blanco la localidad libanesa de Dhayra, en el sur del país. Los ataques transfronterizos mataron a unas 120 personas en Líbano y a más de 10 en Israel. Uno ataques israelíes lanzados contra un grupo de 7 periodistas en el sur de Líbano mataron el 13 de octubre al periodista de Reuters Issam Abdallah.

Apartheid

Las autoridades israelíes mantuvieron su sistema de apartheid con la aprobación de leyes que acentuaron aún más la segregación de la población palestina y la confinaron en zonas deprimidas, así como con la aplicación de políticas que fomentaron la desposesión sistemática de las personas palestinas. La destrucción arbitraria, la demolición de viviendas, la privación de acceso a los medios de subsistencia y la violencia de los colonos respaldada por el Estado intensificaron los desplazamientos forzados.

Una modificación de la Ley de Nacionalidad y Entrada en Israel aprobada el 15 de febrero facilitó la retirada de la ciudadanía y la residencia permanente a personas palestinas, lo que podía convertir a algunas de ellas en apátridas. El 25 de julio, la Knéset aprobó una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas que amplió a 437 el número de pueblos colectivos judíos que podían tener comités de admisión, lo que les permitía rechazar a personas palestinas con el impreciso pretexto de “inadaptación social”, según Adalah, organización jurídica dedicada a la protección de los derechos de la ciudadanía palestina de Israel.

Desplazamiento forzado

La OCAH registró la demolición de 1.128 edificios sin que existiera ninguna justificación militar, lo que provocó el desplazamiento forzado de 2.249 personas palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Israel aprobó la demolición de 6 viviendas de familiares de presuntos autores de ataques, a pesar de que la organización israelí de derechos civiles HaMoked se había opuesto a ella por considerar que constituía un castigo colectivo. Mientras tanto, las autoridades israelíes aprobaron la construcción de 18.500 viviendas de colonos sólo en Jerusalén Oriental, según el grupo israelí de urbanistas Ir Amim. En el resto de Cisjordania también siguieron extendiéndose los asentamientos, ilegales según el derecho internacional.

Los ataques perpetrados por colonos se expandieron con la adhesión de políticos que incitaban a la violencia racial, y aumentaron significativamente después del 7 de octubre. Los colonos israelíes mataron a 18 personas palestinas e hirieron a 367, mientras que los atacantes palestinos mataron a 18 colonos e hirieron a 107, según la OCAH.

Las acciones de militares y colonos crearon entornos coercitivos que desplazaron a 1.009 habitantes de 16 comunidades de pastores, según la organización de derechos humanos B’Tselem. El 11 de octubre, colonos israelíes mataron a 3 hombres palestinos en una vivienda familiar de Qusra, cerca de Huwara. Un cuarto hombre fue abatido a tiros cuando unos soldados israelíes acudieron a proteger a los colonos. El 30 de octubre, decenas de colonos incendiaron 2 viviendas en Isfay al Tahta, pueblo de la zona de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania. Muchos colonos iban armados, algunos llevaban uniforme del ejército y la mayoría de los colonos violentos gozaban de impunidad por sus crímenes.⁶

Las autoridades continuaron negando el reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel en 35 pueblos beduinos del Néguev/Naqab, en el sur del país, y siguieron llevando a cabo demoliciones de viviendas en esta región. En julio, los tribunales aprobaron el desalojo forzoso de la totalidad de las 500 personas residentes en Ras Jrabah. Esta población había solicitado su incorporación como barrio a la cercana ciudad judía de Dimona, pero las autoridades locales desestimaron la petición sin la debida consulta. El 27 de septiembre, las fuerzas israelíes demolieron el pueblo de Al Araqib por 222ª vez.

El 12 de octubre, el ejército israelí emitió una imprecisa “orden de evacuación” colectiva para todas las personas residentes en el norte de Gaza, que ascendían a 1,1 millones. En noviembre y diciembre, las fuerzas israelíes ordenaron el desplazamiento de civiles en zonas del sur, como Deir al Balah y Jan Yunis. A principios de diciembre, 1,9 millones de personas palestinas se habían visto obligadas a desplazarse en Gaza.

Homicidios ilegítimos

Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental

2023 fue el año más mortífero para la población palestina de Cisjordania desde 2005, ya que las operaciones policiales israelíes resultaron cada vez más letales en un contexto de impunidad de los homicidios cometidos por la policía y de incitación por parte de quienes desempeñaban funciones de liderazgo.

Según la OCAH, las fuerzas israelíes mataron a 493 personas palestinas, en su mayoría civiles, durante operaciones llevadas a cabo contra grupos armados en Yenín y Nablús. Más de 12.500 resultaron heridas.

La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional-Palestina informó de que en 2023 las fuerzas israelíes habían matado a 110 niños y niñas en Cisjordania, incluida Jerusalén. El 5 de junio, Mohammed al Tamimi, de 3 años, murió a consecuencia de las heridas que le causaron los disparos de las fuerzas israelíes en Nabi Saleh, en el norte de Ramala, cuando su padre lo llevaba en coche a una fiesta de cumpleaños. No se abrió ninguna investigación penal.

A lo largo del año, el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, soportó operaciones de las fuerzas del orden israelíes que causaron la muerte de al menos 23 personas palestinas entre enero y julio. En ataques palestinos llevados a cabo contra civiles israelíes como represalia, murieron 4 hombres cerca del asentamiento de Eli el 20 de junio. El 21 de junio, cientos de colonos atacaron el pueblo palestino de Turmusaya, al sur de Eli, donde mataron a uno de sus habitantes e incendiaron 15 casas. Según el Ministerio de Salud palestino, desde octubre, las fuerzas israelíes asaltaron Yenín en repetidas ocasiones —en una de ellas con un ataque aéreo efectuado contra la mezquita de Al Ansar el 22 de octubre— y mataron al menos a 116 personas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades israelíes no investigaron con prontitud, exhaustividad ni independencia crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército israelí, entre ellos homicidios ilegítimos en Cisjordania y crímenes de guerra en Gaza. Israel siguió negándose a cooperar con la comisión de investigación de la ONU y a permitir la entrada de la relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados. A finales de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Israel, Cisjordania y el paso fronterizo de Rafá, en la frontera de Egipto con Gaza. El 29 de diciembre, Sudáfrica solicitó a la Corte Internacional de Justicia la apertura de un procedimiento contra Israel por haber violado la Convención sobre el Genocidio de 1948 en Gaza.

Libertad de circulación

Las restricciones arbitrarias a la libertad de circulación de la población palestina se endurecieron aún más después del 7 de octubre; en algunos casos, fueron equivalentes a un castigo colectivo. Los cierres impidieron el traslado de pacientes a hospitales.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, la OCAH documentó 645 puestos de control, controles de carretera y barreras, 80 de ellos en Hebrón, en el sur, donde unos 600 colonos vivían ilegalmente en medio de la ciudad más poblada de Cisjordania. Después del 7 de octubre, el ejército israelí impuso un toque de queda total de 14 días a unas 750 familias de 11 barrios del centro de Hebrón, según B’Tselem. El puesto de control 54 de Hebrón, reforzado con tecnología de reconocimiento facial, automatizó la exclusión de personas palestinas, cuyo acceso a Jerusalén Oriental también se vio restringido por la misma tecnología.⁷ El ejército impuso cierres de pueblos y campos de refugiados y restringió el acceso a las tierras de cultivo.

En Israel y Cisjordania, miles de personas procedentes de Gaza vieron revocados sus permisos de trabajo sin previo aviso el 11 de octubre, cuando las fuerzas israelíes las detuvieron. Permanecieron recluidas en régimen de incomunicación durante al menos tres semanas en bases militares, donde murieron dos de ellas sin que se investigara debidamente la causa. Fuerzas israelíes dispararon en el mar contra al menos ocho pescadores palestinos, a los que causaron lesiones permanentes. Según el Sindicato de Pescadores de Gaza, más del 90% de las familias dedicadas a la pesca vivían en la pobreza debido a las restricciones impuestas a las zonas pesqueras y a las exportaciones.

Derecho a la salud

Los servicios sanitarios de los Territorios Palestinos Ocupados se deterioraron a partir de enero, cuando Israel retuvo los ingresos fiscales recaudados en nombre de las autoridades palestinas, lo que provocó escasez de medicamentos. Según Save the Children, cerca de 400 niños y niñas de Gaza no tuvieron acceso a tratamientos esenciales en el primer semestre del año debido al bloqueo israelí.

Las instalaciones sanitarias de Gaza quedaron destrozadas por los ataques efectuados a partir de octubre, y las reservas médicas se utilizaron para tratar a unas 55.000 personas heridas. Como las fronteras estaban cerradas, ni siquiera las personas gravemente heridas podían recibir tratamiento fuera de Gaza. El hacinamiento existente en los refugios improvisados, con un aseo para 486 personas y sin agua potable ni saneamiento, provocó un aumento de las infecciones respiratorias, estomacales y cutáneas. Según UNICEF, a 1.000 niños y niñas heridos les amputaron las piernas en condiciones inadecuadas. A mediados de diciembre, el 93% de la población de Gaza pasaba hambre, según la OMS, lo que la exponía a la muerte por enfermedades que de otro modo serían curables, con especial riesgo para las mujeres embarazadas y lactantes.

Detención arbitraria

Según el Club de Presos Palestinos, las fuerzas israelíes detuvieron a 2.200 personas palestinas en el mes posterior al 7 de octubre.⁸ Las autoridades israelíes invocaron la Ley de “Combatientes Ilegítimos” (categoría inexistente en el derecho internacional humanitario) para recluir sin cargos ni juicio a 661 hombres y mujeres palestinos de Gaza. Según la organización HaMoked, había unas 3.291 personas palestinas recluidas en régimen de detención administrativa, sin cargos ni juicio.

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que a las personas presas palestinas se les negó el contacto con sus familiares y su asistencia letrada después del 7 de octubre, en virtud de órdenes de “estado de excepción” que se prorrogaron el 31 de octubre hasta el final del año.

Las autoridades israelíes se negaron a facilitar su resumen de pruebas y argumentos en la sentencia condenatoria dictada contra el preso de conciencia Mohammed al Halabi, trabajador humanitario de Gaza.

Tortura y otros malos tratos

Los días 5 y 6 de abril, fuerzas israelíes golpearon a hombres, mujeres, niños y niñas congregados para el culto en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén, lo que exacerbó las tensiones religiosas. En la explanada de la mezquita detuvieron al menos a 450 personas palestinas, que posteriormente fueron liberadas descalzas y con signos de haber sido golpeadas.

La tortura y otros malos tratos aumentaron después del 7 de octubre; al menos seis presos murieron en circunstancias no esclarecidas, según el Comité Público contra la Tortura. En dos ocasiones, soldados israelíes golpearon en Gaza a palestinos a quienes mantenían detenidos en la calle, con los ojos vendados, sin ropa y con las manos atadas.⁹

En marzo, un tribunal amplió la prolongada reclusión en régimen de aislamiento de Ahmad Manasra, que había sufrido repetidas crisis de salud mental.¹⁰ En mayo, el preso Khader Adnan murió después de estar 3 meses en huelga de hambre sin que se le hubiera prestado atención médica adecuada, lo que lo convirtió en el primer preso palestino que moría en huelga de hambre en 30 años.

Libertad de reunión y de expresión

Cientos de miles de israelíes se manifestaron para protestar por los planes de reforma judicial anunciados por el gobierno en enero. En algunos casos, la policía respondió con fuerza excesiva y llevó a cabo decenas de detenciones arbitrarias.

La Orden Militar 101 siguió reprimiendo el derecho de la población palestina a manifestarse y reunirse pacíficamente en Cisjordania. En septiembre, las fuerzas israelíes destrozaron el edificio del consejo estudiantil de la Universidad de Birzeit. El 8 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia rechazó una petición en la que se solicitaba la autorización de la policía para celebrar manifestaciones contra la guerra en localidades palestinas del norte de Israel. Las manifestaciones de ciudadanos judíos de Israel sí se autorizaron.

Derecho a un medioambiente saludable

En septiembre, el gobierno aprobó un proyecto de ley sobre cambio climático en el que se comprometía a reducir las emisiones un 30% para 2030, pero que carecía de mecanismos de aplicación.

Israel, un país de renta alta, no tomó medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Por el contrario, el 29 de octubre, el Ministerio de Energía puso en marcha nuevas prospecciones de gas.

El intenso bombardeo de Gaza generó contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, con el consiguiente perjuicio para el medioambiente y la salud en los años venideros, según el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medioambiente.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Hubo ministros del gobierno que incitaron a la discriminación de las personas LGBTI y las mujeres, cuyo estatuto personal seguía rigiéndose por el derecho religioso. El 28 de diciembre, el Tribunal Supremo israelí resolvió que el Estado ya no podía discriminar a las parejas del mismo sexo que quisieran adoptar niños y niñas.

Objetores y objetoras de conciencia

Se encarceló a ocho reclutas —ciudadanos y ciudadanas judíos y árabes de Israel— por negarse a cumplir el servicio militar alegando que sus principios prohibían la opresión de la población palestina. Yuval Dag fue encarcelado cuatro veces entre marzo y junio.