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BOLIVIA 2021

Decenas de ex altos cargos gubernamentales, profesionales de la abogacía, miembros de la judicatura y defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a la acusación de haber organizado un golpe de Estado en 2019 y a cargos por delitos imprecisos, y Jeanine Áñez, la expresidenta interina, fue encarcelada. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes publicó un informe en el que se destacaban la falta de independencia del sistema de justicia y la necesidad de anular un decreto de amnistía que facilitaba la impunidad por violaciones de derechos humanos. Los pueblos indígenas seguían siendo hostigados y atacados por defender su territorio y el medioambiente. El gobierno no actuó para proteger los bosques. El país combatió una tercera ola de la pandemia de COVID-19 y los trabajadores y trabajadoras de la salud denunciaron falta de remuneración y condiciones de trabajo inseguras.

Impunidad

En febrero se aprobó el Decreto Supremo 4461 que concedía una amnistía o indulto a las personas simpatizantes del gobierno que estaban detenidas por delitos presuntamente cometidos durante la crisis política que había empezado en octubre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó en agosto su informe sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis posterior a las elecciones de 2019. En él se destacaban graves deficiencias por parte de las autoridades a la hora de garantizar la autonomía e independencia del poder judicial y de la Fiscalía General del Estado, así como obstáculos al acceso a la verdad, la justicia y la reparación que encontraban las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la crisis poselectoral.

Tras la publicación del informe del GIEI, las autoridades prometieron anular el decreto de amnistía, pero siguieron utilizando el sistema de justicia para atacar a la oposición política, e hicieron caso omiso de las garantías de juicio justo.

Derecho a un juicio justo

Entre enero y junio, las autoridades y los miembros del partido político gobernante presentaron cargos contra al menos a 41 altos cargos del anterior gobierno interino, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y miembros de la judicatura por delitos imprecisos tales como “terrorismo”, “sedición” y “conspiración”. Esta situación formaba parte de una estrategia más amplia consistente en acusar a personas opositoras o críticas de haber ayudado a organizar un golpe de Estado en 2019.

Las autoridades encarcelaron a Jeanine Áñez, la expresidenta interina, acusada de “terrorismo”, “sedición” y “genocidio” en unos procedimientos que algunos observadores internacionales criticaron por carecer de las debidas garantías procesales.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades estigmatizaron y hostigaron a varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín y Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

Las conclusiones del informe del GIEI destacaban que la violencia ejercida durante la crisis poselectoral de 2019 contenía elementos raciales y antiindígenas. Los pueblos indígenas que defendían su tierra y su territorio sufrieron agresiones físicas, represión policial e invasiones de su tierra.

Derecho a la salud

El 41% de la población boliviana tenía la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 al concluir el año. Miles de profesionales de la salud que trabajaban en instituciones públicas pasaron meses sin recibir salario alguno; en muchos casos, trabajaban sin equipos de protección personal adecuados.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Las autoridades aprobaron normativas que incentivaban la explotación maderera y la quema de bosques y otros tipos de vegetación.

Derechos de las mujeres

Según la Fiscalía General del Estado, en 2021 se registraron 108 feminicidios, frente a los 113 que se habían denunciado en 2020. Los grupos de la sociedad civil subrayaron la necesidad de emprender acciones más firmes respecto a las políticas para prevenir la violencia.