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YEMEN 2021

Las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La coalición dirigida por Arabia Saudí, que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente, y las fuerzas huzíes siguieron llevando a cabo ataques en los que, ilegítimamente, se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles, incluida infraestructura de producción y distribución de alimentos. Las fuerzas del Consejo de Transición del Sur llevaron a cabo ejecuciones sumarias. Las partes en el conflicto llevaron a cabo hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a causa de sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, su activismo pacífico o su género. Todas las partes cometieron actos de violencia y discriminación por motivos de género. El gobierno y el Consejo de Transición del Sur emplearon violencia letal para reprimir protestas mayoritariamente pacíficas que exigían medidas para abordar el deterioro de la situación económica. Las partes en el conflicto obstaculizaron la circulación de alimentos, medicamentos, combustible y ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes impidieron la vacunación contra la COVID-19. Arabia Saudí y Bahréin captaron apoyos entre los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra la renovación del Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, con lo que forzaron el fin del único mecanismo internacional imparcial de investigación sobre Yemen. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación medioambiental. Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

El conflicto armado continuó a lo largo de 2021 y se intensificó significativamente en febrero y septiembre, cuando las fuerzas huzíes lanzaron ofensivas contra las fuerzas gubernamentales en las gobernaciones de Marib, Dahle, Al Baida y Shabua. Eso desembocó en conquistas territoriales sin precedentes y, al concluir el año, las fuerzas huzíes habían cercado la ciudad de Marib. Estos y otros frentes fueron testigos del desplazamiento de 573.362 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.

En las gobernaciones de Adén, Abian y Shabua también continuaron los combates, incluso en zonas densamente pobladas, entre el Consejo de Transición del Sur —respaldado por Emiratos Árabes Unidos— y fuerzas gubernamentales; entre distintas facciones del Consejo de Transición del Sur, y entre fuerzas del Consejo de Transición del Sur y tribus locales. Las fuerzas del Consejo de Transición del Sur seguían fuera del control del gobierno, y el acuerdo de reparto de poder de Riad que habían firmado con éste continuaba sin implementarse plenamente, pese a que ambas partes se habían reafirmado en su compromiso de cumplirlo.

Aunque en 2020 había habido indicios prometedores de un avance en las conversaciones políticas, el nuevo enviado especial de la ONU para Yemen señaló al finalizar 2021 que la discordia entre las partes iba en aumento.

Ataques ilegítimos

La coalición dirigida por Arabia Saudí y las fuerzas huzíes siguieron realizando ataques indiscriminados que mataron y lesionaron a civiles, y destruyeron y dañaron bienes de carácter civil, entre ellos instalaciones de distribución de alimentos.

La coalición dirigida por Arabia Saudí llevó a cabo ataques aéreos que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil. El 21 de marzo, dos ataques aéreos alcanzaron el puerto de cereal de Salif (gobernación de Al Hudaida), y provocaron daños a instalaciones y lesiones a cinco empleados. El 14 de junio, en el distrito de Khamir (gobernación de Amrán), dos granjas avícolas fueron alcanzadas por misiles que, según concluyó el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, era probable que hubiesen sido lanzados por la coalición dirigida por Arabia Saudí. El Grupo expresó preocupación por el hecho de que la coalición no tomara todas las medidas posibles para para proteger a la población civil.

Las fuerzas huzíes continuaron utilizando armamento pesado de escasa precisión. Durante todo marzo dispararon periódicamente este tipo de armas contra los campos para personas internamente desplazadas de Meel, Tawasol y Kheir (cercanos a la ciudad de Marib, a una distancia de la línea del frente de entre uno y tres kilómetros), y mataron a seis mujeres y tres menores de edad. El 3 de abril, un cohete lanzado desde una zona bajo control huzí mató a un niño y a un hombre e hirió a tres niños en el barrio de Rawda, en la ciudad de Marib. El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU concluyó que esos ataques constituían crímenes de guerra.

En Al Hudaida, las fuerzas gubernamentales ocuparon la planta de producción alimentaria Hermanos Thabit y la utilizaron para fines militares, con lo que la convirtieron en un objetivo militar. El 6 y el 19 de junio, las fuerzas huzíes bombardearon la planta, lo que causó víctimas civiles y dañó la producción de alimentos y el suministro de agua.

Homicidios ilegítimos

En Adén, una gobernación controlada por las fuerzas del Consejo de Transición del Sur, se cometieron 38 asesinatos o tentativas de asesinato de civiles, según la organización SAM por los Derechos y las Libertades.

El 8 de septiembre, las fuerzas del Consejo de Transición del Sur detuvieron y mataron a un médico en el puesto de control de Al Farsha, en Tur al Bahah (gobernación de Lahij). El 4 de octubre, unos hombres armados no identificados detuvieron y mataron en otro puesto de control de Tur al Bahah, en una zona controlada por las fuerzas del Consejo de Transición del Sur, a un enfermero que trabajaba para Médicos Sin Fronteras.

Detenciones arbitrarias, tortura y juicios injustos

Todas las partes en el conflicto siguieron sometiendo a detención, desaparición forzada y tortura a personas a causa de sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, su activismo pacífico o su género.

Autoridades de facto huzíes

En Saná, las autoridades de facto huzíes continuaron recluyendo arbitrariamente, durante periodos indefinidos y en condiciones precarias, a cientos de hombres, mujeres y niños y niñas migrantes, en su mayoría de nacionalidad etíope o somalí. En protesta, el 7 de marzo se declaró una huelga de hambre en un centro de detención. Las autoridades respondieron encerrando a 350 hombres allí recluidos en un hangar, contra el que dispararon proyectiles que provocaron un incendio que mató a 46 de ellos y causó lesiones a 202. El Ministerio del Interior huzí declaró que había realizado una investigación, concluyó que la responsabilidad era de la policía y detuvo a 11 de sus miembros.

Las autoridades de facto huzíes seguían manteniendo recluidos a cuatro periodistas en espera de ejecución. Amnistía Internacional documentó que unos periodistas del mismo grupo de reclusos que habían sido puestos en libertad en 2020 junto con varios hombres de la comunidad bahaí habían sido sometidos a desaparición forzada y tortura durante su reclusión, y obligados a exiliarse como condición para su excarcelación.1

Las autoridades de facto huzíes siguieron adelante con las actuaciones judiciales contra miembros de la comunidad bahaí en razón de su religión, y congelaron o confiscaron activos de 70 de ellos. También seguían manteniendo recluido desde marzo 2016 a un hombre judío debido a su religión pese a la existencia de resoluciones judiciales que exigían su puesta en libertad.

Fuerzas del Consejo de Transición del Sur

A comienzos de 2021, las fuerzas del Consejo de Transición del Sur detuvieron arbitrariamente en Adén a dos hombres por criticar al Consejo. En mayo, las fuerzas antiterroristas del Consejo detuvieron también en Adén a un hombre cuya suerte seguía sin estar clara al concluir el año. En septiembre, esas fuerzas secuestraron en el aeropuerto de la ciudad a cuatro estudiantes universitarios en tránsito que regresaban de un viaje al extranjero. Éstos quedaron en libertad al final del mes.

Violencia y discriminación por motivos de género

Todas las partes en el conflicto continuaron imponiendo y utilizando abusivamente normas de género patriarcales, emplearon la discriminación y la violencia de género para conseguir sus objetivos, y mantuvieron un amplio abanico de disposiciones discriminatorias y opresivas del derecho consuetudinario y del reglamentario. Yemen ocupó el segundo peor puesto en el índice mundial de disparidad entre los géneros de 2021.

Autoridades de facto huzíes

Las autoridades de facto huzíes prosiguieron su campaña de detención arbitraria y desaparición forzada de mujeres y niñas, especialmente de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las mujeres de las que consideraban que desafiaban las normas de género huzíes. Sólo en 2021 recluyeron al menos a 233 mujeres y niñas en centros de Saná, acusadas de apoyar a la coalición, de “trabajo sexual” o de delitos de “actos inmorales”. En el pasado, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI recluidas en estos centros habían sido sometidas a tortura sistemática incluidas la violación y otras formas de violencia sexual, trato cruel e inhumano y reclutamiento forzoso.

En febrero, las autoridades de facto huzíes detuvieron arbitrariamente en Saná a la actriz y modelo Intisar al Hammadi y la sometieron a desaparición forzada.2 Bajo custodia, la interrogaron con los ojos vendados y la insultaron y agredieron físicamente. El 5 de mayo, las autoridades de facto huzíes le pidieron que se sometiese a una prueba de virginidad, a lo que la actriz se negó. En noviembre fue condenada a cinco años de prisión acusada de cometer un “acto indecente”.

En enero, los huzíes condicionaron el permiso para comprar anticonceptivos a la presencia del “esposo”, en consonancia con el objetivo declarado de aumentar la natalidad para servir a su causa militar.

Gobierno de Yemen

En enero, las fuerzas de la Organización de Seguridad Política del gobierno de Marib detuvieron arbitrariamente a una mujer porque su hermano había trabajado para los huzíes. Según la Red de Solidaridad entre Mujeres, la mujer murió posteriormente bajo custodia.

En julio y agosto, las fuerzas armadas gubernamentales de Taiz hostigaron y agredieron a dos defensoras de los derechos humanos, una de ellas con discapacidad, y las acusaron de “prostitución” y de trabajar para los huzíes. Según la organización Mwatana por los Derechos Humanos, en septiembre las fuerzas de la Organización de Seguridad Política de Marib sometieron a detención arbitraria y desaparición forzada durante un mes a otra mujer, activista de derechos humanos y trabajadora humanitaria.

Libertad de expresión y de reunión

Todas las partes siguieron restringiendo la libertad de expresión y de reunión de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y personas consideradas críticas.

En Adén, Taiz y algunas gobernaciones del sur, a lo largo de septiembre se celebraron protestas contra el gobierno y el Consejo de Transición del Sur en las que se les exigía que abordasen la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida. Según Mwatana por los Derechos Humanos, el gobierno y el Consejo de Transición del Sur reprimieron las protestas violentamente, incluso con disparos y granadas. Como consecuencia, las fuerzas del Consejo de Transición del Sur mataron a un hombre e hirieron a tres niños en Adén, y las fuerzas gubernamentales mataron a un hombre y a un niño e hirieron a otro niño en la gobernación de Hadramaut, e hirieron a un hombre en Taiz. Todos los sobrevivientes sufrieron lesiones que les cambiaron la vida.

Derecho a la alimentación

La economía siguió desplomándose. La devaluación del rial yemení provocó un aumento del coste de la vida de entre un 36% y un 45%. Con anterioridad a esta subida, ya había alrededor de 47.000 yemeníes viviendo en condiciones de hambruna, que surgieron por primera vez en 2021 desde el inicio del conflicto. Se calculaba que más del 50% de la población —unos 16,2 millones de personas— padecían inseguridad alimentaria.

Todas las partes en el conflicto continuaban imponiendo condiciones de asedio, bloqueos, obstrucciones a las importaciones y burocracia innecesaria o restricciones a la libertad de circulación que encarecían los alimentos, impedían el acceso a la ayuda humanitaria y provocaban inseguridad alimentaria. Sus acciones menoscabaron la prevención de la hambruna y contribuyeron a crear condiciones de escasez de alimentos.

Entre marzo y junio, la coalición dirigida por Arabia Saudí negó la entrada a 13 buques que transportaban 350.000 toneladas de derivados de combustible. A lo largo del año, dos buques que transportaban este tipo de combustibles tardaron aproximadamente 200 días en obtener la autorización de entrada. Además de contribuir a la escasez de esos productos, que afectó a la producción y la distribución de alimentos, esta situación provocó una pérdida de ingresos que hizo peligrar la capacidad de las autoridades para pagar los salarios del sector público.

Derecho a la salud

El sistema de salud siguió sufriendo las graves consecuencias del conflicto armado y las crisis económica e institucional, que se vieron exacerbadas por la COVID-19. Sólo el 50% de los centros sanitarios funcionaba con normalidad, y más del 80% de la población tenía dificultades para acceder a servicios de salud.

Las restricciones impuestas por todas las partes en el conflicto impedían el acceso a los medicamentos y los tratamientos médicos, incluidas las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19. El cierre continuado del aeropuerto de Saná por la coalición dirigida por Arabia Saudí impidió el acceso de la población yemení a tratamientos médicos vitales. La vigilancia sanitaria relacionada con la COVID-19 fue limitada en todo Yemen, situación que empeoró por la negativa de las autoridades huzíes a recoger o difundir datos sobre casos y muertes, pese a que los profesionales de la salud identificaban olas de infecciones y muertes. Las autoridades huzíes negaron públicamente la existencia de la COVID-19 y difundieron desinformación sobre su gravedad. Asimismo, se negaron a vacunar y rechazaron las dosis de la iniciativa COVAX que les asignó el gobierno.

La propagación de la COVID-19 y la inacción o la mala gestión de las medidas de prevención por todas las partes se vieron agravadas por las desigualdades estructurales y afectaron desproporcionadamente a las mujeres, las niñas y las personas de comunidades marginadas.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, sólo funcionaba el 20% de los servicios de salud maternoinfantil, lo que dejó a 48.000 mujeres y niñas en riesgo de muerte durante el embarazo y el parto.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El intenso cabildeo de Arabia Saudí en el Consejo de Derechos Humanos a lo largo de 2021, así como la oposición encabezada por Bahréin a la renovación en octubre del mandato del Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, tuvieron como consecuencia el final del único mecanismo internacional imparcial de investigación de las violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen. En su informe final, el Grupo instó al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir la situación de Yemen a la Corte Penal Internacional, y pidió la creación de un organismo internacional de investigación penal para el conflicto en Yemen.3

El enero, el gobierno italiano suspendió de forma definitiva la concesión de licencias para la exportación de armas que fuesen a usarse en Yemen y canceló los envíos a Arabia Saudí. La fiscalía de Roma recomendó investigar la complicidad de la autoridad nacional italiana para la exportación de armamento y de la empresa fabricante de armas RWM Italia SpA en un ataque aéreo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en 2016 en el que habían muerto seis civiles.

En agosto, un grupo de abogados solicitó a la Corte Penal Internacional, en representación de denunciantes yemeníes, que investigara la responsabilidad penal de la jefatura de la coalición dirigida por Arabia Saudí y de los mercenarios empleados por un contratista militar estadounidense en relación con la comisión de torturas, asesinatos y ataques aéreos ilegítimos que habían causado la muerte de civiles. En octubre interpusieron la misma denuncia ante la Policía Metropolitana de Reino Unido.

Degradación medioambiental

Las partes en el conflicto fueron responsables de la degradación medioambiental en todo el país debido a la mala gobernanza, la cancelación de programas, el abandono de espacios naturales protegidos, la mala gestión de la infraestructura petrolera y la presión económica ejercida sobre la población civil, que recurrió a mecanismos de afrontamiento nocivos para el medioambiente tales como la dependencia del carbón, y la pesca y el desarrollo no sostenibles. Esto provocó un aumento de la contaminación, deforestación, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad, que repercutieron negativamente en el disfrute de los derechos a la salud, la alimentación y el agua.

En junio, la mala gestión de la infraestructura petrolera de la terminal de Bir Ali, en la gobernación de Shabua, dio lugar a un vertido de crudo de un oleoducto en el mar durante cuatro días, cerca de una zona costera ambientalmente vulnerable. Ese mismo mes, las autoridades huzíes se negaron a dar garantías de seguridad al equipo de asistencia técnica, dirigido por la ONU, para que actuara en el petrolero FSO Safer. El buque continuó amarrado frente a la costa de Al Hudaida, y aumentó el riesgo de un vertido de su carga de 1,14 millones de barriles de petróleo que, de producirse, tendría consecuencias devastadoras para la costa del Mar Rojo —biológicamente vulnerable—, la disponibilidad de agua, la salud y la seguridad alimentaria y los medios de sustento de millones de personas yemeníes y eritreas que dependían de la pesca en esas aguas.

Pena de muerte

Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, en algunos casos en público.


  1. Yemen: Released and exiled. Torture, unfair trials and forcible exile of Yemenis under Huthi rule (Índice AI: MDE 31/3907/2021), 27 de mayo
  2. Yemen: Actress arbitrarily detained at risk of forced ‘virginity testing’, 7 de mayo
  3. Yemen: Arabia Saudí fuerza el fin del mandato del único mecanismo internacional encargado de investigar los abusos contra los derechos humanos en Yemen, 7 de octubre