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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2020

Seguían encarcelados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) más de 20 presos de conciencia, entre ellos el conocido defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor. El Estado continuaba restringiendo la libertad de expresión y tomó medidas para silenciar a personas de ciudadanía emiratí o residentes en el país que expresaban opiniones críticas sobre la COVID-19 y otras cuestiones sociales y políticas. Varias personas seguían en prisión sin justificación legal tras haber cumplido su condena. Un tribunal de Reino Unido determinó que el jefe del gobierno, Mohamed bin Rashid al Maktum, había secuestrado y privado de libertad a dos de sus hijas.

Información general

Las autoridades emiratíes siguieron prohibiendo la oposición política y encarcelando a sus miembros. Continuaban cumpliendo penas de prisión decenas de emiratíes por el denominado caso de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, juicio colectivo contra 94 personas que había concluido en 2013 con 69 de ellas declaradas culpables de tratar de cambiar el sistema de gobierno.

En febrero de 2020, EAU anunció la finalización de su “retirada militar escalonada” de Yemen después de haber coliderado durante cinco años la coalición beligerante en el conflicto armado; no obstante, siguió desviando ilícitamente armas y equipo militar a milicias de este país (véase el apartado sobre Yemen). En Libia, el gobierno emiratí proporcionó armas al autoproclamado Ejército Nacional Libio, infringiendo un embargo de la ONU, y utilizó drones militares en el espacio aéreo libio que, en algunos casos, causaron la muerte de personas que no participaban directamente en las hostilidades (véase el apartado sobre Libia).

Detención arbitraria

Al menos 10 personas seguían recluidas arbitrariamente tras haber cumplido su pena de prisión. (Los artículos 40 y 48 de la legislación antiterrorista, la Ley Federal núm. 7 de 2014, establecían que quienes adoptaran “ideas extremistas o terroristas” podrían ser sometidos a prisión indefinida por “asesoramiento”.) La mayoría estaban en la prisión de Al Razin, situada en el desierto, al sureste de la ciudad de Abu Dabi. Entre ellas figuraban Omran Ali al Harithi, enjuiciado en el proceso de los 94 de EAU, que debía haber sido excarcelado en julio de 2019, y Abdullah Ebrahim al Helu, declarado culpable, en junio de 2016, de pertenecer a la sección de actividades benéficas de Al Islah —la filial emiratí, antes legal, de la Hermandad Musulmana— y que debía haber salido en libertad en mayo de 2017. Las autoridades excarcelaron a algunos presos tras su aparición en vídeos publicados en redes sociales progubernamentales en los que “confesaban” que Al Islah era una organización “terrorista” y renegaban de su afiliación a ella.

En marzo, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Reino Unido hizo pública la sentencia dictada en diciembre del año anterior en un procedimiento de investigación en el que se había determinado que el jefe del gobierno había organizado el traslado forzoso de su hija Shamsa desde Reino Unido en 2000 y la “captura” y reclusión de otra hija suya, Latifa, tras un ataque marítimo lanzado cuando ésta trataba de huir de la familia real en 2018.

Libertad de expresión

Más de 25 presos de conciencia seguían en prisión por sus críticas políticas pacíficas. Entre ellos figuraban los abogados Mohamed al Roken y Mohammed al Mansoori, expresidentes de la Asociación de Juristas de Emiratos Árabes Unidos (organización que en 2011, a raíz de que pidiera la celebración de elecciones nacionales libres, había quedado bajo el control del gobierno), declarados culpables en el juicio de los 94 de EAU; Nasser bin Ghaith, profesor de economía en la sede en Abu Dabi de la Universidad de la Sorbona, detenido desde 2015, y el defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor.

En Dubái y Ajman, las agencias gubernamentales advirtieron de que enjuiciarían a quienes difundieran información sobre la COVID-19 que las autoridades considerasen engañosa y anunciaron posteriormente que habían iniciado varios enjuiciamientos por este motivo.

Juicios injustos

Los ciudadanos emiratíes y los extranjeros residentes en el país seguían corriendo el riesgo de ser encarcelados tras juicios injustos. El 17 de febrero, la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal confirmó la sentencia y la condena de cinco libaneses acusados de planear actos violentos en EAU. Habían sido sometidos a actuaciones judiciales injustas, entre ellas reclusión durante meses en régimen de incomunicación, negación de asistencia letrada y admisión de “confesiones” obtenidas con coacción como prueba.1 En mayo, Abdallah Awadh al Shamsi —ciudadano omaní de madre emiratí y padre omaní, residente en EAU— fue condenado a cadena perpetua en unas actuaciones empañadas por un patrón similar de violaciones del derecho a un juicio justo.

Privación arbitraria de la nacionalidad

Alrededor de entre 20.000 y 100.000 apátridas que habían nacido en EAU siguieron sin acceso igualitario a los derechos de que gozaba la ciudadanía emiratí por cuenta del Estado, como atención médica, vivienda y educación superior subvencionados o empleos en el sector público. Este acceso dependía de la presentación de pruebas de la condición de ciudadanía, algo que se negaba a las personas apátridas a pesar de que muchas de ellas tenían raíces en EAU desde hacía generaciones.

A las personas apátridas que tenían pasaporte de Comoras en virtud de un acuerdo de 2008 entre este país y EAU les resultaba muy difícil o imposible renovarlo, por lo que muchas de ellas siguieron careciendo de documentos de identidad básicos.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían careciendo de igualdad respecto de los hombres según la legislación emiratí. Las mujeres casadas tenían la obligación de “atender la casa” como “derecho” de su esposo en virtud del artículo 56.1 de la Ley del Estado Civil. Este artículo se había reformado a finales de 2019 para eliminar una línea que decía que el marido tenía derecho a la “respetuosa obediencia” de su esposa.

El artículo 72 continuaba permitiendo que la judicatura determinase si se permitía a una mujer casada salir de casa y trabajar.

Amnistía Internacional llevaba dos años denunciando que seguía en vigor el artículo 53.1 del Código Penal, que reconocía que, al “disciplinar a la esposa”, el esposo estaba “ejerciendo sus derechos”, pero en 2020 la organización tuvo conocimiento de que se había eliminado esta cláusula a finales de 2016.

La transmisión de la nacionalidad siguió concediéndose en función de género, es decir que los niños y niñas de madre emiratí no recibían automáticamente la nacionalidad y eran reconocidos como nacionales sólo a discreción del gabinete federal.

En septiembre, EAU anuló el artículo 334 del Código Penal, que penaba los homicidios en nombre del “honor” con tan sólo un mes de prisión.

Derechos sexuales y reproductivos

Se continuaron enjuiciando las conductas sexuales consentidas, en aplicación del artículo 356 del Código Penal, que autorizaba un mínimo de un año de prisión por “violación consentida del honor”, cláusula que podía utilizarse para castigar tanto la actividad homosexual como la extramatrimonial. En algunos casos, se aplicó esta disposición para enjuiciar a trabajadoras migrantes que habían dado a luz fuera del matrimonio, exigiendo que estas madres cumplieran una pena de prisión antes de que se les permitiera salir del país.

Derechos de las personas migrantes

El sistema de patrocinio (kafala) para la contratación de migrantes en EAU —junto con la insalubridad y el hacinamiento en los alojamientos, la escasa protección jurídica y el acceso limitado a servicios de salud preventivos y curativos— ponía a estas personas en una situación aún más vulnerable y en riesgo de contraer la COVID-19 durante la pandemia de esta enfermedad.2

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, principalmente a personas extranjeras acusadas de delitos violentos. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.


  1. Emiratos Árabes Unidos: El Tribunal Supremo confirma la sentencia de un juicio injusto (MDE 25/2000/2020)
  2. UAE: Ensure protection of migrant workers in COVID-19 response (MDE 25/2169/2020)