El programa de vacunación contra la COVID-19 en Túnez fue lento al principio y no dio prioridad a las personas más vulnerables, pero mejoró a partir de julio. Ese mismo mes, el presidente asumió poderes excepcionales para legislar y gobernar. Las fuerzas de seguridad siguieron respondiendo a protestas pacíficas con detenciones arbitrarias y fuerza excesiva con impunidad. El sistema de justicia militar incrementó los enjuiciamientos de civiles, cuatro de ellos por criticar públicamente al presidente. Las autoridades impusieron prohibiciones de viajar arbitrarias a un mínimo de 50 personas de nacionalidad tunecina y pusieron bajo arresto domiciliario al menos a 11. Se restringió la libertad de expresión en virtud de leyes imprecisas y represivas. Un refugiado fue devuelto a Argelia, donde fue encarcelado. La violencia intrafamiliar contra las mujeres aumentó. Las fuerzas de seguridad agredieron y hostigaron a activistas LGBTI.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años