Las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza continuaron reprimiendo la disidencia con medidas como restringir la libertad de expresión y de reunión, atacar a periodistas y detener a quienes se oponían a ellas. Las fuerzas de seguridad de ambas zonas hicieron uso de fuerza innecesaria y/o excesiva durante actividades de aplicación de la ley, incluso al hacer cumplir las medidas de confinamiento impuestas ante la pandemia de COVID-19. Se siguieron infligiendo con impunidad tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Las mujeres sufrían discriminación y violencia, incluidos homicidios, por motivos de género. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían sufriendo discriminación y falta de protección. En Cisjordania, las autoridades hicieron uso generalizado de la detención administrativa sin cargos ni juicio. En Gaza se siguió juzgando a civiles ante tribunales militares. Los tribunales de Gaza continuaron imponiendo condenas a muerte. Los grupos armados palestinos de Gaza lanzaron ocasionalmente ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Dos civiles israelíes murieron por atentados cometidos en solitario por personas palestinas.
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