La libertad de expresión seguía estando sometida a restricciones indebidas, entre ellas el enjuiciamiento y condena de quienes publicaran información sobre la COVID-19 considerada “falsa” por el gobierno. En el marco de una reforma de la Ley de Residencia Extranjera, se eliminó el requisito impuesto a los trabajadores y trabajadoras extranjeros de obtener un “certificado de no objeción” de su entidad empleadora para cambiar de trabajo. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley