Resumen

Las autoridades marroquíes intensificaron su represión de la libertad de expresión y la disidencia pacífica. Pese a que algunas personas que eran presas de conciencia se habían beneficiado en años anteriores de un indulto real, se siguió enjuiciando, intimidando y sometiendo a vigilancia digital a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y voces críticas con el gobierno. Se respondió con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y juicios sin garantías a protestas generalizadas motivadas por la crisis económica, la desigualdad y el estado de los servicios públicos. Se siguió aplicando una legislación discriminatoria que socavaba los derechos de las mujeres y las personas LGBTI con disposiciones como penalizar las relaciones homosexuales consentidas y limitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro. La sequía provocada por el cambio climático socavaba el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado.