Resumen

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia y persiguiendo mediante enjuiciamientos y vigilancia a periodistas, activistas y otras figuras críticas con el gobierno, a pesar de un indulto real concedido a miles de personas presas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las leyes y prácticas marroquíes seguían manteniendo la desigualdad de género y penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Las autoridades no cumplieron su obligación de garantizar servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de buena calidad para mujeres y niñas, incluidos servicios de aborto. La sociedad civil se opuso a un proyecto de Código de Procedimiento Penal que obstaculizaba la lucha contra la corrupción. Las autoridades no investigaron eficazmente la mortífera represión de junio de 2022 contra la población refugiada y migrante. Las autoridades detuvieron arbitrariamente y reubicaron por la fuerza en regiones remotas a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, poniendo en peligro su seguridad y su vida. Marruecos se enfrentaba a una grave sequía provocada por el cambio climático, y la respuesta de las autoridades al terremoto de septiembre de 2023 fue criticada por inadecuada.