Las autoridades siguieron aplastando la disidencia, dispersando protestas pacíficas y restringiendo las actividades de varias organizaciones que consideraban opositoras. Se endureció la represión contra activistas saharauis. La penalización del aborto provocó la muerte de al menos una niña como consecuencia de un aborto inseguro tras una violación. Los guardias de fronteras hicieron un uso excesivo de la fuerza contra personas que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla, lo que causó al menos 37 muertes. La legislación nacional seguía siendo inadecuada para proteger y promover el derecho a un medio ambiente limpio y saludable.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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