Volver a Marruecos y el Sáhara Occidental

MARRUECOS Y SÁHARA OCCIDENTAL 2020

Las autoridades respondieron a la pandemia de COVID-19 con un nuevo decreto-ley de emergencia sanitaria que restringía la libertad de circulación, de expresión y de reunión, y que utilizaron para incoar procesamientos por criticar la gestión gubernamental de la crisis o por incumplir las medidas de emergencia. Continuaron la intimidación, el hostigamiento y la detención de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos por expresar de forma pacífica sus opiniones. Las mujeres seguían sufriendo discriminación, así como violencia sexual y otras formas de violencia de género, y las dificultades que encontraban para acceder a la justicia aumentaron durante la pandemia. Las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo seguían siendo delito, y las autoridades no investigaban la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se violaron los derechos de las personas migrantes, entre otras cosas como consecuencia de la falta de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19 en los centros de detención de migrantes. El Frente Polisario, que administraba los campamentos de la población del Sáhara Occidental refugiada en Argelia, detuvo al menos a una persona por expresar críticas. Los tribunales impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

En enero, Marruecos aprobó leyes por las que incorporaba a sus aguas territoriales las aguas costeras del territorio en disputa del Sáhara Occidental, con lo que extendía su jurisdicción en el mar desde la ciudad de Tánger, en el norte, hasta la localidad de La Güera, en la frontera con Mauritania.

El 20 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria, que continuó en vigor hasta el final del año. También impuso en todo el país un confinamiento que se levantó gradualmente en junio y se sustituyó por un conjunto de medidas que incluían restricciones de la libertad de circulación y confinamientos por zonas específicas.

En octubre, la ONU renovó hasta octubre de 2021 el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, sin concederle un componente de derechos humanos, a diferencia de la mayoría de las demás misiones de mantenimiento de la paz de la organización. El territorio del Sáhara Occidental y los campamentos del Frente Polisario seguían siendo inaccesibles para las organizaciones de derechos humanos, lo que dificultó la vigilancia de los abusos contra estos derechos.

En diciembre, el gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos por el que accedía a establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel a cambio del reconocimiento oficial estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Represión de la disidencia

Las autoridades usaron la emergencia sanitaria para aprobar legislación restrictiva. En marzo, el Parlamento aprobó la Ley núm. 2.20.292, que establecía penas de tres meses de cárcel y multas de 1.300 dirhams (unos 146 dólares estadounidenses) por incumplir las “órdenes y decisiones adoptadas por las autoridades públicas” y por “obstruir” estas decisiones mediante “escritos, publicaciones o fotografías”. Desde su adopción, las autoridades utilizaron la nueva ley para procesar al menos a cinco activistas de derechos humanos y periodistas ciudadanos por criticar la respuesta del gobierno a la COVID-19, acusándolos de “incitación a infringir las decisiones de las autoridades durante la emergencia sanitaria”.

En abril, las autoridades procesaron y detuvieron a Mohamed Bouzrou, Mohamed Chejii y Lahssen Lemrabti, administradores de una página de noticias en Facebook, Fazaz 24, por dos publicaciones en las que se criticaba a las autoridades locales por su gestión de la COVID-19. Mohamed Chejii quedó en libertad poco después de su detención aunque su juicio continuó, pero Mohamed Bouzrou y Lahssen Lemrabti siguieron detenidos.1

En abril, la policía de Nador, en la región nororiental del Rif, detuvo a Omar Naji, representante local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), y lo llevó a juicio por difundir “afirmaciones falsas o mentiras” con objeto de “atentar contra la vida privada o difamar”, así como por infringir la legislación sobre la emergencia sanitaria. Su detención se produjo después de que publicara una nota en las redes sociales en la que criticaba a las autoridades de Nador por confiscar mercancías de vendedores ambulantes no autorizados durante la pandemia, y quedó en libertad bajo fianza al día siguiente. El 17 de noviembre, el tribunal de primera instancia de Nador lo absolvió de todos los cargos.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron con su represión de la libertad de expresión en Marruecos y el Sáhara Occidental, e investigaron y enjuiciaron a varios periodistas y activistas por materiales publicados en Internet.

En enero, tribunales de todo el país condenaron al menos a nueve personas, entre las que había raperos y activistas, a entre 6 meses y 4 años de prisión por expresar sus opiniones en YouTube y Facebook. Todas habían sido acusadas de “ofender” a autoridades o instituciones públicas, en aplicación del Código Penal.2

En mayo, el periodista y activista saharaui de los derechos humanos Ibrahim Amrikli fue detenido en El Aaiún (Sáhara Occidental) y estuvo recluido durante más de dos días.3 Agentes de seguridad lo interrogaron en relación con su trabajo para la organización de derechos humanos saharaui Fundación Nushatta y lo golpearon e insultaron reiteradamente. Lo obligaron a firmar una “confesión” de cargos falsos en la que reconocía haber arrojado piedras contra agentes de policía en abril. Dos días más tarde fue acusado de “infringir órdenes relacionadas con la situación de emergencia sanitaria” y de “ofender a funcionarios públicos” en virtud del artículo 263 del Código Penal. Su juicio comenzó el 18 de noviembre, pero fue aplazado hasta una fecha desconocida.

En junio, Amnistía Internacional reveló en un informe que el teléfono del periodista independiente Omar Radi había sido hackeado mediante tecnología de vigilancia producida por la empresa israelí NSO Group.4 Tras la publicación del informe, Omar Radi fue citado en varias ocasiones por la policía para interrogarlo, y los medios de comunicación estatales lanzaron una campaña difamatoria contra él, acusándolo de espionaje. El 29 de julio, el fiscal del Tribunal de Apelación de Casablanca lo acusó formalmente de agresión sexual, violación, “atentado contra la seguridad exterior del Estado” y “menoscabo de la seguridad interna”, en aplicación del Código Penal, pero él negó rotundamente todos los cargos. Quedó recluido en espera de juicio, situación en la que continuaba al terminar el año.

En julio, la policía de El Aaiún detuvo arbitrariamente a Essabi Yahdih, fundador de Algargarat Media, cuando se personó en la comisaría para obtener un certificado administrativo, y lo mantuvo recluido durante 10 horas, antes de dejarlo en libertad sin cargos. Posteriormente dijo que la policía lo había insultado; amenazado con su “detención, violación y asesinato”, e interrogado sobre la línea editorial de Algargarat y su personal y financiación, así como sobre sus publicaciones personales en Internet, en concreto sobre una en la que se burlaba de otra que había compartido un parlamentario marroquí sobre el rey.

En diciembre, después de años de hostigamiento y de vigilancia ilegal, el profesor universitario y defensor de los derechos humanos Maati Monjib fue detenido arbitrariamente y recluido. Tanto él como algunos familiares fueron acusados de blanqueo de dinero y al terminar el año estaba en espera de juicio.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, así como violencia sexual y otras formas de violencia de género. Aunque Marruecos aprobó la Ley 103-13 de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en 2018, los mecanismos para su aplicación seguían siendo deficientes. La Ley exigía a las víctimas presentar denuncia por vía penal para obtener órdenes de protección, algo que resultaba prácticamente imposible durante el confinamiento derivado de la COVID-19.

Organizaciones de mujeres como Mobilising for Rights Associates (MRA) informaron de un aumento de los problemas para las mujeres que sufrían violencia durante el confinamiento, entre otras causas por estar confinadas con sus maltratadores, en muchos casos sin acceso a medios para comunicarse, y por las dificultades para acceder a refugios. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, el número de enjuiciamientos por violencia contra las mujeres se redujo a sólo el 10% de la media mensual, según el Fiscal General. Las autoridades afirmaron que esta reducción se debía a “la estabilidad de la familia marroquí”. Sin embargo, MRA la atribuyó a las dificultades que encontraban las mujeres para acceder a la justicia durante el confinamiento.

Derecho a la salud

Personal sanitario

En agosto, profesionales médicos de todo el país se declararon en huelga para denunciar las deficientes condiciones de trabajo, la ausencia de medidas de protección mínimas para el personal sanitario y la falta de tratamiento médico o confinamiento adecuado para quienes trabajaban en primera línea y se había infectado con el virus.

En agosto, el Ministerio de Salud suspendió las vacaciones anuales del personal médico y otros profesionales sanitarios de los hospitales públicos, y los obligó a trabajar sin descanso para satisfacer las demandas causadas por la COVID-19. Cientos de profesionales médicos se manifestaron en todo el país para protestar contra esta medida.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

La población reclusa estaba sometida a duras condiciones, algunas de las cuales, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos. A pesar del riesgo elevado de transmisión de la COVID-19 en las prisiones y otros lugares de detención, las autoridades encarcelaron a personas únicamente por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia.

Entre abril y agosto, el rey concedió cuatro indultos reales a un total de 8.133 personas, entre las que había 20 activistas del movimiento por la justicia social Hirak del Rif.

En agosto, Nasser Zefzafi y Nabil Ahamjik, líderes del Hirak, estuvieron en huelga de hambre durante 25 días para protestar por la negación de las visitas de familiares y la dispersión de miembros del movimiento detenidos en diferentes prisiones inaccesibles para sus familias.

Sulaiman Raissouni, periodista y redactor jefe de Akhbar Al Yaoum, permaneció recluido desde mayo hasta el final del año, y sólo se le permitía salir a caminar al patio durante una hora al día y en solitario.

Las autoridades continuaron manteniendo recluidos en prisiones de Ait Melloul y Bouizarkane, en el suroeste de Marruecos, a 19 activistas saharauis condenados en 2013 y 2017 en juicios sin garantías y en los que no se investigaron de forma adecuada las denuncias de tortura. Estaban recluidos a cientos de kilómetros de sus familias y, debido a las restricciones asociadas a la COVID-19, no les permitían las visitas de familiares.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El artículo 489 del Código Penal seguía penalizando las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo.

Las autoridades no investigaban la incitación a la violencia contra personas LGBTI ni les brindaban protección con independencia de su orientación sexual o identidad de género.

En abril, aparentemente en el marco de una campaña, se hicieron públicas sin su consentimiento la orientación sexual o identidad de género de personas que usaban aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo. Organizaciones LGBTI informaron de que, como consecuencia de esta campaña, se habían producido agresiones y amenazas y un grupo de Facebook de Agadir había instado a linchar a las personas LGBTI que ejercieran el trabajo sexual. Las autoridades no condenaron públicamente estos hechos, y los medios de comunicación estatales no informaron de ellos.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades continuaron deteniendo, recluyendo y expulsando a migrantes durante todo el año. A principios de 2020, la Delegación del Gobierno español en Melilla (España) anunció la intención de poner fin a la ruta migratoria entre la costa septentrional de Marruecos y España, y las autoridades marroquíes informaron de la detención de migrantes cerca de la frontera con Ceuta. Varias ONG informaron de la ausencia medidas de protección contra la COVID-19 en centros de detención de migrantes de Nador y El Aaiún. Según la AMDH, unas 100 personas migrantes estuvieron detenidas durante más de una semana en Nador en mayo sin acceso a un abogado, lo que violaba la Ley 02-03 de 2003 relativa a la entrada y estancia de extranjeros, que estipulaba que, después de 24 horas de detención, las personas migrantes en situación irregular debían ser puestas bajo control judicial y tener acceso a asistencia letrada.

Libertad de religión y de creencias

La legislación marroquí seguía tipificando “insultar al islam” como delito punible con la cárcel. En mayo, la policía detuvo en Casablanca al actor Rafik Boubker por un vídeo publicado en Facebook en el que se burlaba de ritos islámicos. Fue acusado de “insultar al islam” y quedó en libertad al día siguiente. Su juicio comenzó en noviembre y se aplazó varias veces. En julio, un tribunal de la ciudad de Safi, en el oeste de Marruecos, condenó a Muhammed Awatif Qashqash a seis meses de cárcel y el pago de una multa, en virtud de la misma disposición, por una caricatura publicada en Internet en la que representaba a personajes religiosos, entre ellos el profeta Mahoma.

Campamentos del Frente Polisario

El Frente Polisario, que reivindicaba la independencia del Sáhara Occidental y había autoproclamado un gobierno en el exilio, detuvo al menos a una persona por expresar críticas, en los campamentos que administraba en Argelia. El 8 de agosto, la policía de los campamentos detuvo al periodista ciudadano Mahmoud Zeidan durante 24 horas y lo interrogó sobre unas publicaciones en Internet en las que criticaba la manera en que las autoridades de los campamentos gestionaban la distribución de ayuda para la COVID-19.

El Frente Polisario no garantizó la rendición de cuentas de los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en los campamentos en decenios anteriores.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, aunque no se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.


  1. Marruecos y Sáhara Occidental: Acaben con el procesamiento de activistas en aplicación de la nueva ley de emergencia sanitaria (noticia, 9 de junio)
  2. Marruecos y Sáhara Occidental: Represión de activistas por criticar al rey, las instituciones públicas y las autoridades (noticia, 11 de febrero)
  3. Morocco: Drop charges against Ibrahim Amrikli and cease arbitrary arrests of journalists and activists in Western Sahara (MDE 29/3111/2020)
  4. Moroccan journalist targeted with network injection attacks using NSO group’s tools (blog, 22 de junio)