Resumen

Las autoridades no garantizaron los principales derechos económicos y sociales que se vieron afectados por la crisis económica del país, por lo que la población se quedó sin acceso adecuado a la sanidad y al agua. La impunidad siguió protegiendo a perpetradores de actos de tortura y otros delitos. Se utilizaron las leyes sobre difamación contra personas críticas con las autoridades. La población trabajadora migrante, especialmente las empleadas domésticas, siguió sufriendo abusos en virtud del discriminatorio sistema de patrocinio laboral (kafala). Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades intensificaron la deportación de personas refugiadas sirias pese a que en Siria corrían peligro de sufrir abusos atroces contra sus derechos humanos. Las autoridades prohibieron los actos públicos de la comunidad LGBTI durante el mes del Orgullo.