Las autoridades detuvieron y enjuiciaron a personas críticas con el gobierno en aplicación de disposiciones jurídicas que penalizaban el discurso considerado ofensivo para el jefe del Estado. La población de la minoría bidun (apátrida) continuaba discriminada. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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