Las autoridades continuaban limitando indebidamente el derecho a la libertad de expresión y asociación. La minoría bidun (apátrida) seguía sin tener acceso a diversos servicios públicos. Debido a la propagación de la COVID-19, se concedió una amnistía de un mes a quienes no tuvieran el permiso de residencia en regla para permitirles salir del país sin pagar una multa o gastos de viaje. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos.
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