Resumen

Las autoridades continuaron deteniendo, enjuiciando, recluyendo y condenando a activistas vinculados al movimiento de protestas pacíficas masivas conocido como el Hirak, así como a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas por expresar sus opiniones o informar de las protestas. Los tribunales recurrieron cada vez más a cargos relacionados con el terrorismo para enjuiciar y recluir a activistas y periodistas por sus presuntos vínculos con dos organizaciones políticas no inscritas en registro. Las autoridades disolvieron una destacada asociación. También ordenaron el cierre de al menos tres iglesias y enjuiciaron a un mínimo de seis cristianos por ejercer su derecho a la libertad de religión. Miles de solicitantes de asilo y migrantes fueron expulsados a Níger sin el debido proceso. Continuó la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, y las relaciones homosexuales consentidas seguían estando penalizadas.