Como parte de los esfuerzos renovados por mejorar la imagen del país, el presidente dio prioridad a un programa de reformas. No obstante, persistió una regulación estricta de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica. Defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de vigilancia selectiva. Los avances realizados en la erradicación del trabajo forzoso en el sector del algodón se vieron empañados por el hostigamiento a observadores independientes. El cierre de casi todos los centros de crisis durante el confinamiento influyó en el aumento significativo de los casos de violencia de género intrafamiliar y en otros ámbitos registrado durante la pandemia de COVID-19. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito. Se presentó un proyecto de ley sobre un mecanismo independiente de denuncias de tortura, pero continuaron los informes sobre tortura y otros malos tratos, incluidas muertes bajo custodia.
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