Resumen

El gobierno británico siguió aplicando una agenda política que incumplía sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y restringía las protecciones de estos derechos. Se actuó especialmente contra quienes solicitaban asilo y otras personas migrantes, así como manifestantes. Entró en vigor nueva legislación que debilitaba aún más la libertad de reunión y de expresión. Un informe concluyó que existía racismo institucional y otras formas de discriminación en el seno de la policía. Se despenalizó el aborto en Irlanda del Norte, aunque persistían las barreras de acceso a estos servicios. En el resto de Reino Unido, el aborto seguía penalizado excepto en los supuestos legalmente establecidos. Se aprobó legislación que ponía fin a las investigaciones y enjuiciamientos de las violaciones de derechos humanos históricas cometidas durante el Conflicto de Irlanda del Norte. Se impusieron servicios mínimos durante las huelgas en varios sectores.