Resumen

El gobierno prometió una investigación sobre su gestión de la pandemia de COVID-19 y recortó significativamente una prestación social que recibían seis millones de personas. Se violaban sistemáticamente los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Un nuevo proyecto de ley sobre la función policial ponía en grave peligro el derecho de reunión pacífica y el derecho a no sufrir discriminación. Suscitaron preocupación un proyecto de ley sobre revisión judicial y una revisión de la Ley de Derechos Humanos. En ciertas zonas de Irlanda del Norte seguía sin haber acceso adecuado a servicios de aborto. Persistió la falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Irlanda del Norte y por la complicidad británica en el programa de detenciones secretas dirigido por Estados Unidos. La decisión judicial que bloqueaba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos fue anulada en apelación. Las condiciones de detención en Escocia no cumplían las normas básicas.