El derecho a la salud se vio comprometido a causa de una escasez significativa de equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de COVID-19; los familiares del personal sanitario fallecido encontraron obstáculos burocráticos para recibir una indemnización. Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente bajo custodia policial. Los miembros del servicio de seguridad responsables de recluir y torturar a personas en centros secretos del este de Ucrania de 2014 a 2016 continuaron disfrutando de impunidad absoluta. Persistieron los ataques, a menudo totalmente impunes, de grupos que defendían la discriminación de activistas y minorías marginadas. Los informes de intimidación y violencia contra periodistas fueron habituales. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar siguió siendo generalizada, y las estrictas medidas relacionadas con la COVID-19 afectaron negativamente al acceso a los servicios de apoyo. Las restricciones de viaje impuestas por ambas partes del conflicto en el este de Ucrania repercutieron en los derechos socioeconómicos de la población local. En la Crimea ocupada persistió la represión de la disidencia y de quienes defendían los derechos humanos.
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