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TURKMENISTÁN 2020

El régimen de Turkmenistán continuó siendo profundamente autoritario. Eran habituales las violaciones graves de derechos humanos. En el contexto del brote de la pandemia de COVID-19 en el país se vulneró el derecho a la salud. Las autoridades continuaron negando que hubiera casos de COVID-19 a pesar de que había indicios de lo contrario. El derecho a la libertad de expresión se restringió gravemente. Las relaciones sexuales consentidas entre varones siguieron tipificadas como delito. Los objetores de conciencia al servicio militar corrían peligro de ser encarcelados. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 120 presos sometidos a desaparición forzada.

Información general

En la práctica, Turkmenistán permaneció cerrado para los observadores internacionales de derechos humanos y de otro tipo de cuestiones. Los medios de comunicación funcionaron bajo el estricto control del Estado, lo que daba lugar a la autocensura y a la imposibilidad de informar de hechos que las autoridades consideraran negativos, como la propagación de la COVID-19. El nivel de vida continuó cayendo y persistía la escasez de alimentos y de efectivo, lo que provocó colas excepcionalmente largas frente al limitado número de cajeros automáticos. El alcance de los problemas económicos se disimuló con un tipo de cambio oficial que sobrevaloraba la moneda nacional.

Derecho a la salud

Las autoridades continuaron negando la existencia de casos de COVID-19. Retrasaron hasta julio la adopción de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, al tiempo que celebraban eventos multitudinarios en los que se exigía la participación obligatoria para conmemorar las tradicionales vacaciones primaverales de Novruz en marzo y el Día Mundial de la Bicicleta en junio. En abril, Radio Free Europe informó de que se impondrían multas a quienes llevaran mascarilla. Se cambió de opinión en julio, después de que el Ministerio de Salud recomendara llevar mascarilla por “el aumento de los niveles de polvo en el aire”.

Tras realizar una visita en julio, una misión de la OMS tomó nota de las recientes medidas para prevenir la transmisión de la COVID-19 y pidió que el país aplicara más medidas fundamentales para la salud pública, como las pruebas diagnósticas y el rastreo. La delegación señaló que los hospitales que había visitado estaban bien equipados y que no tenían tasas de ocupación elevadas ni un número significativo de pacientes con dolencias respiratorias. No obstante, según Radio Free Europe, dichos hospitales habían dejado de admitir pacientes días antes de la llegada de la misión de la OMS, y las personas con enfermedades respiratorias habían sido trasladadas a otras alas que la delegación no visitó. A pesar de la constante negación oficial de las muertes por COVID-19, la ONG Centro Analítico para Asia Central empleó Google Maps para analizar el cavado de tumbas en la localidad de Balkanabad. La ONG estimó que, sólo entre el 25 de marzo y el 16 de abril, se habían cavado 317 nuevas tumbas, frente a las 524 de todo el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2018 y el 25 de marzo de 2020.

Represión de la disidencia

Las autoridades continuaron reprimiendo la expresión pacífica de la disidencia y de las críticas. Una de las protestas más prolongadas tuvo lugar después de que varios huracanes y lluvias torrenciales azotaran la parte oriental del país en abril y mayo, destruyendo casas y causando decenas de muertes. Las personas residentes abandonadas durante semanas en sus viviendas inundadas y sin electricidad se quejaron de la pasividad de las autoridades y hubo protestas a nivel nacional y en el extranjero. Las autoridades trataron de poner fin a las protestas en el extranjero ejerciendo presión sobre los manifestantes y sus familias en Turkmenistán. Jóvenes turcomanos que estudiaban en Turquía denunciaron haber recibido la visita de la policía secreta de Turkmenistán que amenazó con repatriarlos a la fuerza si participaban en manifestaciones. Según informes, un amigo del organizador de la acción de protesta en Estambul, que vivía en Turkmenistán, fue citado en reiteradas ocasiones ante la sección local del Ministerio de Seguridad Nacional, donde fue golpeado y se le pidió que dijera al organizador que no participara en el movimiento de protesta. También fueron detenidas varias decenas de personas en Turkmenistán acusadas de compartir con familiares y otros contactos en el extranjero fotos y vídeos de los daños causados por el huracán. Entre estas personas figuraba Pygambergeldy Allaberdyev, que en septiembre fue condenado a seis años de prisión por cargos falsos de vandalismo y lesiones corporales a causa de su relación con activistas en el extranjero.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo un delito punible con hasta dos años de prisión. En mayo, un popular presentador fue condenado a dos años de cárcel por mantener relaciones homosexuales consentidas. Según informes, un número indeterminado de hombres del sector del entretenimiento también fueron declarados culpables.

Debido a la homofobia y la transfobia generalizadas en la sociedad, las personas LGBTI (o percibidas como tales) estaban especialmente expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos, violencia sexual y extorsión a manos de la policía y de otras personas. Además, estaban sometidas a una fuerte presión de sus familias, que trataban de “salvaguardar el honor familiar” por medios como la imposición del matrimonio forzado.

Libertad de religión o de creencias

Los objetores de conciencia se enfrentaban a procesos penales. Dos testigos de Jehová, los hermanos Eldor y Sanjarbek Saburov, fueron condenados a dos años de prisión en agosto tras una condena administrativa previa por negarse a realizar el servicio militar. A Myrat Orazgeldiyev también se le impuso una pena de dos años de prisión en septiembre. La ONG Forum 18 denunció que otros cuatro testigos de Jehová habían sido encarcelados durante el año por ser objetores de conciencia y que otros seis declarados culpables en 2018 y 2019 continuaban cumpliendo penas de prisión al terminar el año.

Desapariciones forzadas

Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 120 presos sometidos a desaparición forzada. Algunos habían sido encarcelados tras un presunto intento de asesinato del entonces presidente Saparmurat Niyazov en noviembre de 2002. Uno, Yazgeldy Gundogdyev, murió en prisión en diciembre; había estado cumpliendo su condena en régimen de incomunicación.