La judicatura no respetaba las garantías sobre juicios justos y el debido proceso, y continuó aplicando leyes antiterroristas de imprecisa definición para castigar actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos miembros de la profesión jurídica y la judicatura fueron objeto de sanciones por el legítimo ejercicio de sus funciones profesionales. Persistió el acoso judicial contra personas tales como periodistas, activistas, figuras de la política, usuarios y usuarias de redes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos por su disidencia o presunta disidencia. Cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Taner Kılıç, fueron declarados culpables de cargos infundados en el juicio de Büyükada. Osman Kavala continuó en prisión a pesar de haber sido absuelto en el juicio de Gezi y de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de su liberación. Los comentarios de un alto cargo público contra el colectivo LGBTI fueron secundados por varias autoridades gubernamentales, entre ellas el presidente Erdoğan. El partido gobernante amenazó con retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Las reformas jurídicas introducidas en el contexto de la COVID-19 excluían de la liberación anticipada a personas injustamente condenadas en aplicación de la legislación antiterrorista y a quienes estaban en prisión preventiva. Continuaron las denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos.
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