Las prematuras declaraciones del gobierno que anunciaban el fin de la transmisión de la COVID-19 y su rígido control de la información publicada menoscabaron las medidas para proteger la salud pública durante la pandemia. Las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar continuaban encontrando obstáculos para acceder a la justicia. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y el número de casos denunciados seguía siendo inferior al real. Las autoridades restringieron indebidamente la libertad de expresión, lo que dio lugar a la imposición de largas penas de prisión por cargos de motivación política a activistas de la oposición y personas que criticaban al gobierno.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años