Resumen

Algunas de las restricciones de los derechos de caza de los pueblos indígenas fueron consideradas inconstitucionales. La protección jurídica de los pueblos indígenas —por ejemplo, ante la explotación minera y otras actividades comerciales— continuó siendo inadecuada. Continuaron las limitaciones al matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que una sentencia judicial había permitido el matrimonio de una pareja formada por un ciudadano de Taiwán y otro de Macao. Se dictaron órdenes judiciales por la COVID-19 que discriminaron a los trabajadores y trabajadoras migrantes.