Eslovaquia 2023
Persistía la discriminación de la población romaní en ámbitos como la educación y el sistema público de vivienda, entre otros. El Parlamento no adoptó una definición de la violación basada en el consentimiento. Algunos miembros del Parlamento volvieron a intentar sin éxito que se adoptaran reformas que restringían el acceso al aborto. Las personas migrantes en situación irregular sufrían detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos. Seguía sin establecerse un procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género basado en el principio de autodeterminación.
Discriminación
Derecho a la educación
En abril, la Comisión Europea remitió el caso de Eslovaquia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la inacción del gobierno a la hora de abordar de manera efectiva la discriminación en la educación, tal como establecía la Directiva de la Unión Europea sobre Igualdad de Trato. El Tribunal Supremo de Eslovaquia y el Tribunal Regional de Prešov dictaron sentencias históricas en las que resolvieron que el hecho de que siguiera habiendo escuelas a las que fundamentalmente asistían niños y niñas romaníes —así como la derivación ilegal de éstos a clases “especiales”— era discriminatorio y vulneraba el derecho al acceso igualitario a la educación.
Uso excesivo e innecesario de la fuerza
Continuaron los incidentes de brutalidad policial contra personas romaníes. El gobierno no adoptó medidas para aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigían que Eslovaquia garantizara el acceso efectivo de las personas menores de edad a la justicia; que los tribunales examinaran de manera efectiva las denuncias de trato humillante a manos de la policía y que se investigaran de manera efectiva los posibles motivos racistas de la detención de determinadas personas y de los malos tratos que se les infligían.
Derecho a la vivienda
Una parte desproporcionada de la población romaní continuaba residiendo en viviendas segregadas y expuestas a peligros ambientales sin acceso a agua, saneamiento ni electricidad.
Derechos de las mujeres
No se avanzó hacia la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).
El Parlamento no adoptó una definición de la violación basada en el consentimiento.
Derechos sexuales y reproductivos
No se estableció ningún mecanismo efectivo de indemnización para las mujeres que habían sido esterilizadas ilegalmente entre 1966 y 2004.
Se presentaron varios proyectos de ley con el propósito de restringir los abortos legales y sin riesgos, pero el Parlamento no aprobó ninguno.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En septiembre, el defensor público de los Derechos (defensor del Pueblo) publicó unas conclusiones según las cuales en el centro de detención temporal de Veľký Krtíš se estaba recluyendo a migrantes en situación irregular más tiempo del permitido legalmente.
A partir de octubre se recluyó en un centro para personas extranjeras a cualquier persona migrante que entrara de manera irregular en el país.
El defensor del Pueblo también manifestó preocupación por varias violaciones de derechos humanos que se cometían en el centro policial de detención de personas extranjeras de Sečovce, como su régimen restrictivo, la falta de actividades significativas, la ausencia de oportunidades para contactar con familiares, la falta de información sobre asistencia letrada gratuita y sobre su situación jurídica, los problemas para acceder a atención sanitaria y la prohibición de vestir su propia ropa.
En octubre, 45 migrantes indocumentados se declararon en huelga de hambre tras ser recluidos en el centro de detención de la policía de Medveďov. Pedían que los trasladaran a centros abiertos y acceso a asistencia letrada gratuita y a ayuda social.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El Parlamento no aprobó una ley que habría concedido a cada miembro de una pareja del mismo sexo acceso a la documentación médica del otro miembro. Seguían sin adoptarse reformas largamente esperadas que regularan las uniones y la parentalidad de personas del mismo sexo, así como los derechos de las personas transgénero, incluidos el matrimonio y el reconocimiento legal de la identidad de género —para el que se seguían exigiendo servicios médicos de afirmación de género—, lo que vulneraba el derecho a la autoidentificación. Entre marzo y junio, hubo intentos infructuosos en el Parlamento de hacer prácticamente imposible el reconocimiento de género.
Derecho a la salud
Tras numerosos retrasos, en marzo, el exministro de Sanidad aprobó unas directrices profesionales sobre la provisión de servicios médicos de afirmación de género. No obstante, parte del personal sanitario y algunas instituciones del Estado hicieron caso omiso de ellas, y varios cargos públicos, incluido un ex primer ministro, cuestionaron su validez.
Derecho a un medioambiente saludable
En diciembre, a raíz de la decisión adoptada por el gobierno en 2018 de dejar de apoyar la minería de carbón en el país, se cerró la central eléctrica de Nováky, la última instalación que producía electricidad con carbón de origen nacional. Se estimaba que el cierre de la central reduciría en más de un millón de toneladas las emisiones de CO2. Sin embargo, se seguía empleando carbón para calefacción doméstica y en la industria, y en 2026 iba a finalizar la construcción en Bratislava de una terminal de gas natural licuado con una vida útil prevista de entre 20 y 40 años.
Seguía sin promulgarse la Ley sobre el Clima, que se había presentado como proyecto de ley en 2021. La Red de Acción por el Clima criticó la “muy poca ambición” que contenía la legislación.