Serbia 2023
El enaltecimiento institucional de criminales de guerra convictos eclipsó el enjuiciamiento de los crímenes de guerra pendientes, que avanzaba con lentitud. Activistas y periodistas de investigación independientes fueron objeto de amenazas, difamación y acciones judiciales civiles con carácter punitivo. La propuesta de Ley de Asuntos del Interior amenazaba aún más el derecho a la libertad de reunión. Se negaba de forma desproporcionada el acceso a la asistencia social a la población romaní.
Información general
Serbia continuó buscando el equilibrio entre su compromiso de adhesión a la UE y sus históricos vínculos políticos y económicos con Rusia. Persistían las acusaciones de corrupción en todos los niveles de la administración pública.
En marzo, Serbia y Kosovo acordaron aceptar un acuerdo auspiciado por la UE para normalizar las relaciones diplomáticas y promover la cooperación. Además, Serbia aceptó no oponerse a la adhesión de Kosovo a instituciones europeas e internacionales. En septiembre se tensaron las relaciones entre ambos países debido al asesinato de un policía de Kosovo en Banjska (norte de Kosovo) después de que 30 serbios armados —3 de los cuales resultaron muertos— se atrincherasen en un monasterio ortodoxo. Serbia y la OTAN desplegaron tropas a uno y otro lado de la frontera a raíz del incidente, pero las retiraron en octubre.
En mayo, en episodios distintos, un adolescente armado y un hombre de 20 años mataron a tiros a 17 personas e hirieron a 21. La indignación pública resultante motivó marchas en todo el país convocadas por la coalición Serbia contra la Violencia para reclamar la rendición de cuentas institucional por los homicidios y que se retirara la licencia de emisión nacional a las cadenas de televisión que promovían la violencia.
El Partido Progresista Serbio, en el gobierno, ganó las elecciones del 17 de diciembre tanto en el ámbito nacional como en el local. Observadores internacionales documentaron considerables irregularidades y decenas de miles de personas se concentraron a diario en Belgrado para exigir la anulación de los comicios.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En mayo, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales confirmó el fallo condenatorio de los ex altos cargos de seguridad del Estado serbio Jovica Stanišić y Franko Simatović, y elevó de 12 a 15 años sus condenas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina.1
El enaltecimiento de criminales de guerra convictos fomentó una cultura de impunidad y continuó afectando al acceso de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Un total de 1.700 casos seguían pendientes de investigación.
En octubre, el Tribunal de Apelación anuló la sentencia condenatoria dictada en febrero por el Tribunal Superior de Belgrado contra un soldado y tres paramilitares serbobosnios, declarados culpables del secuestro y asesinato de 20 ciudadanos en su mayoría montenegrinos en Štrpci (Bosnia y Herzegovina) en febrero de 1993.
Unas 15.000 víctimas de la guerra civil seguían excluidas del acceso a una reparación, entre ellas las personas asesinadas o heridas fuera de Serbia y las que no alcanzaban el umbral de la discapacidad. Esto afectaba a familiares de víctimas y a la mayoría de las víctimas de violencia sexual relacionada con la guerra.
Desapariciones forzadas
En mayo, Serbia aceptó permitir a Kosovo el acceso a los archivos —incluso a los clasificados— para ayudar a localizar e identificar los restos mortales de más de 1.620 personas en paradero desconocido.
Libertad de expresión
En abril, ocho organizaciones de medios de comunicación europeos manifestaron el temor de que la hostilidad expresada abiertamente por figuras políticas hacia los medios de comunicación críticos y magnificada por la prensa sensacionalista normalizara las amenazas y los ataques a periodistas independientes. Los medios de comunicación independientes que informaron sobre los hechos sucedidos en Banjska en septiembre (véase, supra, “Información general”) fueron calificados de traidores y enemigos del Estado. Quienes investigaban la delincuencia organizada y la corrupción corrían especial peligro. En julio, organizaciones de periodistas informaron de que los ataques por Internet estaban tan extendidos que se habían normalizado. La Asociación Independiente de Periodistas denunció 11 agresiones físicas contra periodistas en el año, denuncias que rara vez se investigaron.
Periodistas de investigación, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En mayo se ordenó a la Red de Investigación sobre Delincuencia y Corrupción el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios tras ser declarada culpable de revelar la identidad de personas —en su mayoría cercanas al gobierno— que habían presentado SLAPP contra ella. En septiembre, el Tribunal de Novi Sad desestimó una de las cinco SLAPP presentadas contra Dragana Arsić y dos organizaciones ecologistas que protestaban por las incursiones de empresas en el parque nacional de Fruška Gora.
En agosto, aparecieron cerca de la casa de Sofija Todorović, miembro de la Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos que había expresado públicamente su apoyo a la adhesión de Kosovo a la ONU, pintadas con amenazas misóginas contra ella.
Libertad de reunión pacífica
En enero, el gobierno abrió una consulta sobre el anteproyecto de Ley de Asuntos del Interior, dirigido a legalizar el uso de la vigilancia biométrica masiva en lugares públicos, aumentar la discrecionalidad de las autoridades para disolver reuniones públicas y autorizar una amplia lista de métodos de coacción contra manifestantes sin especificar el umbral ni las circunstancias en que podrían aplicarse.2 El uso de cámaras de circuito cerrado de televisión y otras formas de vigilancia invasiva tanto por el Estado como por empresas privadas era generalizado.
El control policial de las manifestaciones, sobre todo las relacionadas con el medioambiente, era férreo y a menudo se hacía un uso innecesario y excesivo de la fuerza contra quienes participaban en ellas. En marzo se desplegó a la policía antidisturbios para dispersar a la gente que se manifestaba pacíficamente en contra de la tala de árboles previa a un proyecto urbanístico en Novi Sad. Las autoridades contrataban habitualmente a empresas de seguridad privadas para encargarse del “control policial” de las protestas; estos agentes en ocasiones vestían de civil y sin distintivos visibles, y a menudo usaban fuerza ilegítima.
Derecho a la privacidad
En noviembre se reveló que “atacantes patrocinados por el Estado” estaban usando un sofisticado software espía contra miembros de la sociedad civil.3
Violencia contra mujeres y niñas
Durante el año, al menos 27 mujeres fueron víctimas de femicidio. Los centros de asistencia social a menudo carecían de profesionales del trabajo social y de la psicología con formación en violencia de género intrafamiliar, y los 24 albergues dirigidos por ONG que ofrecían asesoramiento, refugio y asistencia letrada gratuita no tenían la financiación asegurada.
La definición de violación contenida en el Código Penal, basada en el uso de la fuerza y no en la falta de consentimiento, era incompatible con las normas internacionales y regionales.
Las mujeres dedicadas al periodismo, el activismo y la defensa de los derechos humanos recibían frecuentes amenazas de violencia, tanto por Internet como en persona.
Derecho a la seguridad social
Un año después de su adopción, la Ley de la Tarjeta Social había dejado sin asistencia social de ningún tipo a algunas personas que vivían en la pobreza extrema. Esta ley debilitó un sistema de asistencia social ya deficiente que cubría a menos de la mitad de las personas en situación de pobreza extrema y afectaba de manera desproporcionada a la población romaní y a quienes vivían con una discapacidad no reconocida, agravando su exclusión social y económica.4
Derechos de las personas LGBTI
En mayo, la aparición en Belgrado del cadáver de una mujer trans de 18 años que estaba en paradero desconocido hizo cundir el miedo entre la población LGBTI. En agosto, el presidente Vučić anunció que nunca aprobaría la Ley de Uniones Civiles de Personas del Mismo Sexo, redactada a principios de 2021.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En marzo, Médicos Sin Fronteras instó a la UE a aumentar el escrutinio sobre la guardia de fronteras de la UE (Frontex) y el uso excesivo de la violencia y las expulsiones sumarias en las fronteras de la UE en Serbia con Hungría y Bulgaria. En junio, la policía empezó a desalojar regularmente a las personas refugiadas y migrantes de los campos provisionales establecidos en el norte de Serbia. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó de que 101.098 personas habían entrado en el país a 30 de noviembre, aunque pocas habían solicitado asilo.
- Bosnia y Herzegovina: Las condenas por crímenes de guerra, un momento histórico para la justicia internacional, 31 de mayo
- Serbia: Amnesty International’s Comments on the Draft Law on Internal Affairs of Republic of Serbia, 27 de enero
- Serbia: Civil society threatened by spyware, 28 de noviembre
- Serbia: Trapped by automation. Poverty and discrimination in Serbia’s welfare state, 4 de diciembre