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SERBIA 2021

Apenas hubo avances en el enjuiciamiento de las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. La policía gozaba de impunidad por malos tratos. El gobierno y los medios de comunicación afines a éste atacaron a ONG y personal de medios de comunicación. La discriminación de las mujeres, las personas romaníes y otras minorías étnicas, las personas LGBTI y las socialmente vulnerables era generalizada.

Información general

El Partido Progresista Serbio (SNS) reforzó su poder en el Parlamento, y no había una oposición efectiva que limitara su posición dominante. Las conversaciones sobre la “normalización” de las relaciones de Serbia con Kosovo —promovidas por la Unión Europea y Estados Unidos— se estancaron tras haberse reanudado en junio. En septiembre aumentaron las tensiones cuando Kosovo aplicó la prohibición de las matrículas serbias en los vehículos.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En octubre, la Comisión Europea contrastó el deficiente historial de Serbia en lo referente a abordar la impunidad con el apoyo y los privilegios que el Estado concedía a criminales de guerra condenados. En unos procesamientos ante el Tribunal Superior de Belgrado, en su mayoría basados en actas de acusación formal transferidas por el Fiscal del Estado de Bosnia y Herzegovina, se hizo rendir cuentas a serbios de Bosnia acusados de crímenes de guerra entre los que figuraban tortura, asesinato, violación y explotación sexual. Los procedimientos relacionados con Srebrenica y Štrpci se aplazaron durante más de un año.

En enero, el Tribunal de Apelación absolvió a 2 acusados de someter a trato inhumano, tortura y asesinato a 69 civiles, y de causar lesiones a 12 en Lovas (Croacia) y redujo las condenas a otros 6 acusados por debajo de la pena mínima establecida en la legislación.

En septiembre, el mismo tribunal confirmó las sentencias que concedían indemnizaciones a las familias de 193 prisioneros de guerra y civiles asesinados por el Ejército Yugoslavo en Ovčara (Croacia) en 1991. No obstante, las indemnizaciones eran de menor cuantía que las otorgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En agosto, tras un nuevo juicio, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales condenó a los exagentes de seguridad del Estado Jovica Stanišić y Franko Simatović a 12 años de prisión por complicidad en asesinato como crimen de guerra; y por asesinato, deportación, traslado forzoso y persecución como crímenes de lesa humanidad cometidos en Bosnia y Herzegovina en abril de 1992.

Desapariciones forzadas

En abril, el presidente croata advirtió de que, antes de incorporarse a la Unión Europea, Serbia debía aclarar la suerte de las personas croatas desaparecidas. Sólo se devolvieron siete cadáveres de personas desaparecidas en Kosovo, y ningún partido abrió sus archivos militares, como habían solicitado las familias de las personas desaparecidas en 2020

Tortura y otros malos tratos

En julio, el Centro pro Derechos Humanos de Belgrado informó de que no se había producido ningún avance en las denuncias penales de 40 personas heridas por la policía en las manifestaciones de julio de 2020, ya que la policía no identificaba a los agentes responsables.

En diciembre, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a las autoridades a implementar salvaguardias jurídicas para proteger los derechos de las personas detenidas y a poner fin a la impunidad por tortura y otros malos garantizando que todas las denuncias se investigaran de manera independiente.

Libertad de reunión

En septiembre se retiró un anteproyecto de ley de asuntos internos tras la preocupación suscitada por su impacto potencial en el derecho de manifestación y el derecho a la privacidad. En octubre, el requisito de notificación previa para celebrar reuniones se incrementó a 20 días en virtud de una nueva legislación ambiental que regulaba los niveles de ruido. En noviembre, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifestaban en favor del medio ambiente.

Libertad de expresión

Figuras políticas y medios de comunicación afines al gobierno difamaron a ONG y medios de comunicación independientes. En marzo, Aleksandar Martinović, líder parlamentario del Partido Progresista Serbio (SNS), acusó a CRTA —una ONG dedicada a hacer un seguimiento del Parlamento— de implicación en un golpe de Estado anterior y de tentativa de asesinato del presidente Vučić. En agosto, al intensificar el gobierno su campaña contra ONG y medios de comunicación independientes, más de 70 organizaciones solicitaron protección al Ministerio de Derechos Humanos. En octubre y noviembre aparecieron pintadas de carácter misógino y nacionalista en las oficinas de la ONG Mujeres de Negro.

Periodistas y profesionales de los medios de comunicación

En marzo, cinco organizaciones de medios de comunicación abandonaron el Grupo de Trabajo para la Seguridad y la Protección de Periodistas a raíz de las campañas contra los medios de comunicación independientes orquestadas por el gobierno, que incluían acusaciones de que la Red de Investigación sobre Delincuencia y Corrupción (KRIK) era cómplice de la delincuencia organizada. En diciembre, cuatro ex agentes de seguridad del Estado fueron declarados culpables de participar en el asesinato del periodista Slavko Čuruvija en 1999.

Violencia contra mujeres y niñas

Perdieron la vida de forma violenta 30 mujeres, 20 de ellas debido a la violencia intrafamiliar o a manos de su pareja; 5 muertes no se habían investigado aún. Las ONG expresaron preocupación por que la nueva Ley sobre Igualdad de Género retrasaba hasta 2024 la financiación de los servicios de apoyo a las víctimas de violencia.

Niñas y mujeres efectuaron varias denuncias de abusos sexuales y acoso sexual contra hombres que ocupaban importantes puestos políticos, educativos o profesionales. Aunque se abrieron algunas investigaciones penales, no se dictaron sentencias condenatorias.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Más de 39.675 personas migrantes y refugiadas (en su mayoría provenientes de Afganistán y Siria) entraron en Serbia y, de ellas, 2.306 expresaron su intención de solicitar asilo. Lo solicitaron unas 158 personas, pero en las 65 decisiones sustantivas emitidas hasta finales de noviembre, sólo se concedió la condición de persona refugiada a 6 y se otorgó protección subsidiaria a otras 6, 2 de ellas a hombres relativamente conocidos.

Según algunos periodistas de investigación, las autoridades estatales eran cómplices del tráfico de personas migrantes.

En enero, el Tribunal Constitucional concluyó que, en 2017, la policía había tratado de manera inhumana a 17 personas de nacionalidad afgana que ya habían hecho constar su intención de solicitar asilo cuando la policía las devolvió a Bulgaria.

A mediados de diciembre, el ACNUR informó de 210 devoluciones sumarias de Serbia a Macedonia del Norte (la cifra real podría ser más elevada) y de 27.892 expulsiones colectivas desde países de la Unión Europea (Hungría, Croacia y Rumanía) y Bosnia y Herzegovina a Serbia.

Derecho a la vivienda

Tras una denuncia de la ONG Iniciativa A11 y del desalojo forzoso en 2019 de seis personas romaníes de un asentamiento informal en Vinca, Belgrado, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo accedió a facilitar las negociaciones con las autoridades de la ciudad para garantizar los derechos de estas personas, incluido el derecho a una vivienda alternativa asequible.

En marzo, una pareja de personas sin hogar ganó el recurso de apelación contra una multa impuesta por violar el toque de queda por la COVID-19. Durante la pandemia se cerraron refugios y se impusieron penas de 50 días de cárcel a algunas personas sin hogar.

Derecho a la salud

En octubre aumentaron considerablemente los casos de COVID-19; las organizaciones de derechos humanos siguieron instando al gobierno a actuar para proteger el derecho a la salud física y mental. En muchos casos se obligó a personas empleadas no vacunadas a trabajar sin mascarilla en interiores.

Activistas medioambientales hicieron hincapié en los efectos dañinos para la salud de las centrales eléctricas alimentadas con carbón y de una mina de cobre gestionada por una empresa china, y de la explotación por la empresa Rio Tinto de una mina de litio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

No se aprobó el anteproyecto de ley sobre uniones civiles de personas del mismo sexo al que se oponía el presidente. El anteproyecto permitía la inscripción de las uniones civiles de personas del mismo sexo y otorgaba una serie de derechos, aunque prohibía otros, como el derecho a la adopción. La Marcha del Orgullo de septiembre pidió su aprobación, que se actuara contra los delitos y discursos de odio, y que se avanzara en materia de reconocimiento del género. En octubre, la comisaria para la Protección de la Igualdad pidió a las autoridades locales que implementaran normativas sobre el reconocimiento del género.

Transferencias irresponsables de armas

En agosto se observó que unos grupos armados que actuaban en el Sahel tenían armas pequeñas y armas ligeras serbias, lo que ponía de relieve el elevado riesgo de desvío en las transferencias de armas que Serbia estaba realizando a Burkina Faso.1


  1. Sahel: Amnistía identifica armas serbias en arsenales de grupos armados que actúan con brutalidad, 24 de agosto