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Resumen

La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la escasez crónica de recursos en el sistema de salud. Las autoridades utilizaron la pandemia como pretexto para seguir reprimiendo toda forma de disidencia, con medidas como reformar una ley de redacción imprecisa sobre “noticias falsas” y endurecer las restricciones de las concentraciones públicas. Se detuvo y procesó a personas que se manifestaban pacíficamente, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los ámbitos civil y político. Se intensificó la persecución de los Testigos de Jehová. La tortura seguía siendo endémica, al igual que la impunidad casi total de sus responsables. El derecho a un juicio justo se vulneraba de manera habitual, y las reformas jurídicas introducidas dieron lugar a que se redujera aún más la independencia judicial. Las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar experimentaron un fuerte aumento durante la aplicación de las medidas de confinamiento por la COVID-19; pese a ello, el anteproyecto de ley sobre este tipo de violencia continuó estancado en el Parlamento. Las personas LGBTI seguían siendo objeto de discriminación y persecución. Miles de trabajadores y trabajadoras migrantes perdieron el empleo durante la pandemia, pero no pudieron abandonar el país debido al cierre de las fronteras. Se conocieron indicios que corroboraban las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Siria por las fuerzas rusas.

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