Se eliminó la prescripción de varios delitos, entre ellos el de tortura. Las ONG expresaron preocupación en relación con el ejercicio del derecho a la libertad expresión, de asociación y de reunión pacífica. El personal sanitario reclamó mayor protección frente a la COVID-19. Los medios de comunicación pusieron al descubierto expulsiones sumarias violentas de personas refugiadas y migrantes en las fronteras. La población romaní y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación sistémica. Se cerró una investigación sobre la entrega ilegal y tortura de Abd al Rahim al Nashiri por la CIA.
Leer másNo utiliza la pena de muerte