Quedó al descubierto un procedimiento que desde hacía 10 años infringía los derechos de quienes se manifestaban en Lisboa. Personas migrantes que trabajaban en la agricultura seguían viviendo hacinadas y en condiciones precarias, por lo que corrían peligro de contraer la COVID-19. El racismo en el seno de la policía seguía siendo motivo de preocupación. Persistieron unos niveles elevados de violencia contra las mujeres.
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