Las autoridades continuaron menoscabando la independencia del poder judicial. Las medidas contra la COVID-19 sirvieron de pretexto para reprimir manifestaciones pacíficas y restringir el acceso al asilo. Se presentaron cargos penales para coartar la libertad de expresión. Persistió el ataque a los derechos LGBTI. Las autoridades intentaron restringir aún más el acceso al aborto.
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