La falta de rendición de cuentas seguía facilitando los homicidios y otras violaciones de los derechos humanos en la campaña de “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno. La Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que ejercían el activismo político y la política fueron víctimas de homicidio ilegítimo, detención y reclusión arbitraria y hostigamiento. Los pueblos indígenas fueron atacados por las autoridades y por agresores no identificados. El acceso a la atención médica, de por sí inadecuado, empeoró a medida que ascendía el índice de contagios de COVID-19. Maria Ressa, periodista crítica con la “guerra contra las drogas”, ganó el premio Nobel de la Paz, pero siguió enfrentándose a la posibilidad de pasar decenas de años en la cárcel por las demandas que tenía pendientes, algunas presentadas por el gobierno.
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